La UE protege sus empresas en Irán de las sanciones de EEUU

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La Unión Europea hace hoy efectiva una serie de medidas para limitar el impacto de las sanciones de Estados Unidos a Irán en las empresas europeas abriéndoles la puerta a reclamar compensaciones por daños y perjuicios y proteger a los europeos que hagan negocios con la República Islámica.

Ante la preocupación de las empresas europeas con negocios en el país persa, Bruselas ha actualizado su legislación para tranquilizar a los inversores y asegurar que recuperan el daño que puedan causar esas sanciones extraterritoriales, que considera “ilegítimas”, informaron fuentes europeas.

“Si las sanciones de Estados Unidos tienen como objetivo regular la conducta de las empresas de la Unión Europea aunque esta no tenga relación con la legislación estadounidense, son ilegítimas e ilegales”, consideraron las fuentes.

Según la UE, las empresas tendrán que respetar las sanciones, pero este mecanismo permitirá “mitigar su impacto”.

Jurídicamente, las medidas suponen una actualización de una legislación ya vigente desde 1996, conocida como “estatuto de bloqueo”, en respuesta a posibles sanciones extraterritoriales a Cuba, Irán y Libia.

Bruselas anunció ya en mayo que actualizaría este estatuto, cuando Estados Unidos decidió retirarse unilateralmente del pacto nuclear con Irán auspiciado por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Su implementación se actualiza a raíz del anuncio de la reanudación de las sanciones por parte de Washington, con las que busca aislar económicamente al Ejecutivo iraní, forzando a compañías extranjeras a que reduzcan o cierren sus negocios en el país persa.

Bruselas espera dar una protección jurídica a sus empresas, “sobre todo a aquellas que no tienen presencia física en Estados Unidos”, con una “protección legal” que minimice el riesgo anulando el conjunto de decisiones que emanen de estas sanciones y afecten a las empresas europeas.

Además, anulará en territorio comunitario los fallos en tribunales extranjeros basados en dichas sanciones y prohibirá específicamente a ciudadanos europeos su cumplimiento.

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