Fátima Báñez, la ministra de Empleo, ha asegurado que el Plan de activación para el empleo ni discrimina, ni invade competencias, basándose en que es una iniciativa estatal que suma oportunidades, y que se ha puesto marcha con las ayudas de las comunidades autónomas.
De esta manera ha respondido Báñez en el Senado ante la pregunta de la senadora del PNV, Rut Martínez, que le ha pedido que aclare la naturaleza jurídica y el alcance del real decreto para la activación del empleo, puesto en marcha por el Gobierno el pasado 15 de enero.
La senadora ha avanzado que el Gobierno vasco recurrirá ante el Tribunal Constitucional contra el decreto por una cuestión competencial y porque incumple la ley, pero en ningún caso por la finalidad del programa.
Martínez ha asegurado que la gestión de la ayuda de 426 euros, incluida en este programa para parados de larga duración con cargas familiares, corresponde a la comunidad vasca y la financiación debería llevarse a cabo de acuerdo a la aplicación de su concierto económico.
La ministra ha explicado que el programa se hizo «contrarreloj» debido a la necesidad de ponerlo en marcha cuanto antes y ha recordado que tuvo el respaldo mayoritario de los grupos en el Parlamento .
Báñez ha insistido en que se trató de una «medida extraordinaria» que conllevó muchas horas de trabajo «sin colores políticos», y ha emplazado a la senadora a no despreciar el trabajo conjunto.
La ministra ha asegurado que el Gobierno ha sido «escrupuloso» con las competencias, ha hecho un esfuerzo con las políticas activas de empleo y ha aumentado un 17% las transferencias a las comunidades autónomas para llevar a cabo los itinerarios personalizados que conlleva el programa.
Báñez ha pedido a la senadora del grupo vasco que no haga «interpretaciones torticeras de las leyes» o «busque tres pies al gato».
«Si entienden que tienen que recurrir el decreto una y mil veces ante el Tribunal Constitucional, háganlo por que para eso está, para que verifique las competencias», ha añadido la ministra de Empleo.