Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social (CES), ha augurado que la salida de la crisis durará «como poco» 15 años, como resultado de una recuperación “lentísima” de la economía.
En este sentido, ha abogado por conseguir un reforzamiento institucional y que el país sea «creíble y serio», y ha apuntado que es «esencial» garantizar la sanidad, la educación y la pensiones, «pues cuando los ciudadanos perciban que eso está asegurado, de nuevo nacerá el afecto y la credibilidad entre la ciudadanía y la clase política».
Peña ha realizado estas declaraciones ante los medios durante una visita a Castellón para participar en el encuentro anual de los Consejos Económicos y Sociales que se celebra en Castellón.
El presidente del CES ha apuntado que lo «fundamental» para salir de la crisis es «más que el crédito financiero, el crédito político», es decir «convertirnos en un país que funcione bien, creíble y que reivindique una de las acciones más nobles que jamás han existido, que es la acción política».
Así, ha solicitado un «mayor entendimiento político» en España, y «una mayor cooperación institucional en todos los poderes públicos, rematado con un compromiso social que sea capaz de repartir de manera equitativa los sacrificios». Es decir, ha aclarado, «más que medidas para salir de la crisis en un día que al final llegará, lo importante es un código de circulación que nos permita transitar hasta que llegue ese momento, porque ese tránsito va a ser muy largo y va a durar más de diez años».
«Más que saber lo que hay que hacer, hay que saber cómo hay que hacerlo, y ese cómo incorpora a muchas personas en la tarea», ha explicado Peña, quien considera que «no puede ser una acción magistral de nadie porque la fórmula magistral no existe y el país lo está pasando muy mal y lo seguirá pasando muy mal durante bastante tiempo».
Al respecto, ha insistido en que la recuperación del afecto y de la comprensión es «fundamental», es decir, «el reforzamiento institucional es básico para dar un paso hacia delante». En su opinión, «no es suficiente una reivindicación nominal de acuerdos políticos y grandes pactos, pues de la situación actual o nos sacan los políticos o no nos saca nadie, por lo que los políticos tienen la obligación de hacer cosas que sean tangibles».
En este sentido, ha señalado que lo «esencial» es que «la sanidad funcione y se garantice, que la educación sea la apuesta esencial y que las pensiones estén garantizadas, pues es el triángulo del bienestar», y ha añadido: «cuando los ciudadanos perciban que eso está asegurado, de nuevo nacerá el afecto y la credibilidad entre la ciudadanía y la clase política, y todo el mundo es consciente de que esto se consigue desde una acción política».
En esta línea, Marcos Peña ha asegurado que «no se puede hablar de nada en nuestro país olvidándose de la situación de desempleo que existe» que ha calificado de «pavorosa». Según ha dicho, «es una realidad que viene acompañada del convencimiento de que las medidas inmediatas no van a resolver la situación porque no existen y pensamos que la solución parte del reforzamiento institucional y de que el país sea creíble y serio, además de apostar por la educación y la innovación».
«De la crisis sólo van a sacarnos las personas capacitadas, por lo que habrá la obligación de capacitar a los ciudadanos y darles educación universal, pública y gratuita, y no cabe promesas de hacer un plan de empleo para mayores de 45 años y pensar que dentro de cuatro semanas veremos los efectos de la aplicación del plan, todo es mucho más complejo», ha afirmado.
Respecto a la ‘fuga’ de cerebros de jóvenes que se van al extranjero, ha señalado que hay que analizar los datos con mayor detenimiento, pues ha explicado que en 2012 «la cifra neta de salida de ciudadanos españoles nacidos en España no alcanza las 3.500 personas, y es verdad que las salidas se orientan fundamentalmente a extranjeros nacionalizados y a personas que han adquirido la nacionalidad vía leyes de memoria histórica».
También ha recordado que la emigración española ha sido siempre «muy dura», de gente «que se ha ido sin oficio alguno a trabajar al extranjero en condiciones muy duras y, sin embargo, ahora se están yendo licenciados universitarios, lo que significa que el país está mejor». Así mismo, ha señalado que el hecho de que la gente se vaya «no es bueno o malo, sino que lo malo es que no puedan volver e incorporar en su país los conocimientos adquiridos en el extranjero».
«Es casi inmoral prometer medidas a la gente con la pretensión de que van a surtir efectos inmediatos, pues no va a ser así, sino que va a ser una recuperación lentísima que como poco va a durar 15 años y tenemos que ser capaces de ver cómo transitamos esos 15 años», ha subrayado Peña, quien considera que «el problema no es salir de la crisis, sino saber qué vamos a hacer en esta situación, pues son más importantes los medios que los fines.
Preguntado sobre si cree que en España se puede producir una revolución social, lo ha negado porque percibe que es «un país bastante serio y razonable, pues la gente, incluso pasándolo realmente mal, está como a la espera y confiada en que esto tendrá algún arreglo y dispuesta a comprometerse en el arreglo».
Por otra parte, el presidente del CES en la Comunitat Valenciana, Rafael Cerdá, se ha referido a la posibilidad de revisar el funcionamiento de los CES autonómicos y ha indicado la necesidad de que sigan existiendo, «es decir, que no se supriman ni se reduzca su competencia, aunque se pueda modificar alguna cosa puntual, porque son el instrumento perfecto de participación de la sociedad civil para encardinarla en las decisiones políticas y en los órganos de gobierno».
En este sentido, ha manifestado que hay que mejorar de funcionamiento de los consejos económicos y sociales «a través del diálogo con el resto de comunidades autónomas», y ha añadido que esta mejora pasa por «hacernos más caso, es decir que nuestros dictámenes y algunas de las observaciones, bien por vía parlamentaria o de la decisión política, sean asumidas por el órgano que esté gobernando en cada momento».
Por último, Cerdá ha señalado que no se ha contemplado la supresión del CES en la Comunitat Valenciana, pero sí en Castilla La Mancha «donde ha desaparecido», en Baleares «donde está suspendido» y en La Rioja, Ceuta, Cantabria y Madrid, donde los respectivos CES autonómicos “tampoco funcionan».