Las organizaciones sociales que trabajan en favor de los inmigrantes y refugiados, así como los defensores de los derechos de los consumidores, informan que siguen encontrando «obstáculos» por parte de las instituciones bancarias para abrir o mantener cuentas de pago básicas, «contrarias» a las leyes existentes que regulan el acceso a tales derechos financieros.
Las organizaciones firmantes de la declaración (CEA(R), Convive, Movimiento por la Paz, Red Acoge, Asociación Rumiñahui, Asufin y CECU) aprovechan la Semana de Educación Financiera para volver a llamar la atención sobre la «importancia» de estas garantías de cuentas bajo y gratuito para personas desfavorecidas.
Exigen a los organismos reguladores una supervisión y un control efectivo para que los bancos «cumplan la ley» y acaben con las prácticas que «obstaculizan el acceso a estas cuentas». Entre las trabas que denunciar estarían prácticas como la solicitud «arbitraria» de documentación para acreditar la situación de vulnerabilidad, la «exigencia» de contratación de seguros u otros productos bancarios o el «rechazo» de documentos de identidad válidos, en el caso de personas migrantes y refugiadas.
«De especial gravedad resulta el bloqueo sistemático a personas de determinadas nacionalidades, aun siendo solicitantes de asilo, amparándose en la aplicación «preventiva» de la ley de blanqueo de capitales sin tener ningún indicio concreto de irregularidad, en una actuación a todas luces discriminatoria», afirman.
Aprovechan también para solicitar un «impulso legislativo definitivo» que desbloquee la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, puesto que el proyecto de ley –que actualmente se encuentra en espera de iniciar la fase de enmiendas en el Congreso– incorpora «avances» que subsanarían los «principales problemas» en la apertura de cuentas de pago básicas.
Así, señalan que el texto por el que se desarrolla la autoridad incluye el reconocimiento del derecho de solicitud de estas cuentas a las personas residentes en la UE en cualquier situación administrativa, el aumento y clarificación de la documentación acreditativa de identificación de las personas solicitantes de protección internacional y apátridas expedidos por el Ministerio del Interior o la obligatoriedad de tener un registro que dé cuenta de las solicitudes de apertura de cuentas de pago básicas recibidas y su estado de tramitación que deberá estar a disposición del Banco de España y permita realizar un seguimiento del que «ahora se carece».
