S&P confía en que Cataluña seguirá en España

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S&P confía en que Cataluña seguirá en España

La agencia de medición de riesgo Standard & Poor’s ha mantenido sin cambios las calificaciones y las perspectivas sobre la banca española, incluido CaixaBank y Sabadell, confiada de que, a pesar de la tensión política por la consulta secesionista que promovió el Govern, Cataluña seguirá siendo parte de España.

Los riesgos potenciales que prevé S&P son un deterioro de la confianza, especialmente en Cataluña, en respuesta al aumento de las tensiones, lo que podría dar lugar a salidas de liquidez, así como a un debilitamiento de las franquicias comerciales dentro y fuera de Cataluña, explica en un comunicado.

Además reconoce la posibilidad de que se genere una incertidumbre de carácter regulatorio y legal en Cataluña si existiera una declaración unilateral de independencia.

Y es que a largo plazo, la agencia de calificación no ignora que los riesgos políticos en curso, “si no se controlan”, también podrían afectar sobre las perspectivas de crecimiento económico de España, como ya advirtió la pasada semana.

En un entorno de mayor incertidumbre, la reacción de los hogares y las empresas es la de proteger sus ahorros, pero aun así S&P cree que los bancos están bien preparados para templar las potenciales preocupaciones de los clientes o soluciones empresariales para asegurar la estabilidad empresarial.

Actualmente, la agencia de calificación no prevé que los bancos tengan que lidiar con importantes salidas de liquidez y si esto llegara a pasar, le consuela el hecho de que los bancos tienen actualmente amplios colchones de liquidez.

También destaca que los bancos con vínculos estrechos con Cataluña están buscando medidas para proteger sus franquicias comerciales tanto en la región como en el resto de España.

S&P destaca que moviendo sus domicilios sociales fuera de Cataluña, los bancos seguirán estando supervisados por el BCE y se podrán beneficiar del apoyo financiero de la institución si fuera necesario, que ascendería a unos 80.000 millones en el caso de las entidades catalanas.

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