La Eurocámara apoya crear una “tarjeta profesional europea”

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El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado un paquete de medidas para favorecer la movilidad de los trabajadores por toda la Unión Europea, entre cuyas iniciativas destaca la creación de una “tarjeta profesional europea” con la que simplificar y acelerar los trámites de reconocimiento en toda la UE de las cualificaciones profesionales.

La nueva norma, que requiere aún el visto bueno de los Veintiocho, también contempla un sistema de alerta para impedir que titulados sometidos a sanciones disciplinarias puedan ejercer su profesión en otros países de la Unión.

“Al establecerse un marco común de formación y de reconocimiento de las prácticas como experiencia profesional se mejorará fuertemente la movilidad y la seguridad de los europeos”, según ha destacado la ponente de la opinión de la Eurocámara, Bernadette Vergnaud. Con ello, la Unión Europea espera contribuir a que los europeos que buscan empleo se desplacen con mayor facilidad al lugar en donde se encuentra la demanda.

La tarjeta europea será expedida por el Estado miembro de origen para periodos cortos de trabajo y será el país de acogida el encargado de decidir si la actividad profesional en cuestión puede ser transferida.

Los Estados miembros utilizarán el sistema de intercambio de información que ya existe entre las Administraciones, por lo que podrán ahorrar tiempo y simplificar el proceso de reconocimiento , ya que el profesional interesado no necesitará tramitar una solicitud en el país de destino, sino pedir a su país que gestione el proceso.

Por su parte, el sistema de alerta permitirá que todos los Estados miembros sean informados de las condenas o sanciones disciplinarias impuestas a profesionales como médicos, enfermeros o arquitectos, en un plazo de tres días, para evitar que obtengan licencias para trabajar en otro lugar.

Finalmente, los eurodiputados solicitan al Ejecutivo comunitario una base de datos pública para las profesiones reguladas -cerca de 800 en la UE- en la que los Estados miembros deberán probar que es “proporcionado” y “no discriminatorio” regular una determinada actividad, ya que no todas están reguladas en todos los países de la UE.

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