El gasto en pensiones, que representa la mayor parte del gasto social en la zona euro, se encuentra en máximos históricos en varios países del bloque, y seguirá creciendo si no se emprenden reformas, ha advertido el Banco Central Europeo (BCE), que alerta del impacto especialmente acusado del envejecimiento de la población en países con sistemas de reparto, como España, donde podría haber problemas de inequidad entre generaciones.
«El impacto máximo del envejecimiento se producirá cuando la generación del ‘baby boom’ se jubile, es decir, en torno al año 2040 en algunos países de la zona del euro, pero más tarde en otros», señala el BCE en su boletín mensual, donde alerta de que «el efecto será especialmente acusado en los países con sistemas públicos de pensiones de reparto, lo que suscitará problemas de equidad intergeneracional, ya que la ratio cotizantes-beneficiarios está disminuyendo».
En este sentido, el artículo publicado por el BCE señala que estimaciones recientes sitúan los compromisos acumulados hasta la fecha de la Seguridad Social en más del 200% del PIB en la mayoría de los países.
Asimismo, el banco central espera que el envejecimiento de la población conduzca a un incremento del gasto sanitario y a una disminución de la oferta de trabajo, del crecimiento y de la innovación, mientras que podría aumentar el ahorro impulsado por la precaución de los ciudadanos.
De este modo, el BCE considera necesario establecer colchones fiscales en muchos países, así como resistir la tendencia a revertir reformas que promueven la sostenibilidad de sus respectivos sistemas de seguridad social y emprender, además, las reformas que sean necesarias para reforzar sus mecanismos nacionales.
«Para salvaguardar la sostenibilidad de los sistemas sanitarios será necesario adoptar nuevas medidas que incrementen su eficiencia», recomienda la entidad, que invita a seguir mejorando en la asignación y el uso eficiente de los recursos en todas las categorías de gasto social.
Asimismo, el BCE señala que debería dedicarse especial atención a garantizar que se destinen suficientes recursos a la educación, ya que se ha demostrado que el gasto en esta área tiene efectos positivos sobre el crecimiento económico a largo plazo.