España se enfrenta a un serio desafío estructural en su mercado laboral de cara a las próximas décadas. Según el último informe Perspectivas de Empleo 2025 de la OCDE, nuestro país experimentará el mayor descenso de la tasa de empleo respecto a su población total entre todos los países miembros de la organización, con una caída estimada de 10,3 puntos porcentuales entre 2023 y 2060 si no se adoptan reformas significativas.
Este deterioro de la proporción de personas en edad y situación de trabajar se produce en un contexto de envejecimiento demográfico acelerado y baja natalidad persistente, dos factores que están reduciendo la base de población activa y aumentando la dependencia del sistema productivo de un número cada vez más reducido de trabajadores.
En el horizonte de 2060, la población en edad laboral en España podría reducirse en más de un 30 %, mientras que el índice de dependencia de las personas mayores —que actualmente ronda el 34 %— se duplicaría hasta situarse en el 75 %, es decir, habría tres personas mayores por cada cuatro en edad de trabajar. Se trata de uno de los desequilibrios más graves proyectados en la OCDE, y sitúa a España como el país que más verá deteriorada su estructura laboral y social.
Ante este panorama, la OCDE propone una hoja de ruta clara: movilizar más talento sénior, incentivar el empleo femenino, y sobre todo, gestionar una inmigración regular y bien integrada, que permita mantener activa y sostenible la estructura del mercado de trabajo. El organismo recomienda además facilitar la permanencia de trabajadores de más edad, retrasar la edad efectiva de jubilación y mejorar la conciliación familiar para frenar la baja natalidad.
La advertencia llega en un momento especialmente sensible para España, que aunque presenta en 2025 niveles de empleo cercanos a récords históricos, aún arrastra una de las tasas de paro más elevadas del continente y enfrenta retos como la digitalización, el envejecimiento de su tejido empresarial y la transición ecológica.
Si bien el Gobierno ha impulsado reformas parciales en pensiones y fiscalidad, los expertos alertan que sin una estrategia demográfica de Estado, los efectos sobre el crecimiento económico, el gasto social y la productividad podrían ser severos. La OCDE lanza así un mensaje claro: o España actúa ya, o pagará un alto precio en las próximas décadas.
