Airef y el Banco de España prorrogan su convenio de intercambio de información hasta 2021

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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la prórroga hasta 2021 del convenio entre la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y el Banco de España para “articular la colaboración en materia de intercambios regulares de información, formación continua del personal y proyectos conjuntos de investigación”.

Este acuerdo nació en julio de 2017 y que tras dos años de colaboración se alarga otros dos años sin cambiar lo firmado en aquella ocasión. Según recogió Europa Press cuando la firma se hizo realidad, el Banco de España se comprometió a suministrar trimestralmente a la AIReF la deuda elaborada según la metodología del Protocolo de Déficit Excesivo.

En concreto, esta fiscalización gira en torno tanto a las administraciones públicas como de las empresas públicas no clasificadas en el sector de las administraciones públicas, incluyendo el detalle de la deuda de cada comunidad autónoma, los principales ayuntamientos y las agrupaciones de corporaciones locales.

Asimismo, el Banco de España proporciona, también cada tres meses, las cuentas financieras de cada subsector de las administraciones públicas.

En todo caso, tal y como se señaló en 2017, el convenio no supone ningún tipo de contraprestación económica y las partes asumen los costes que a cada una le suponga cada acción acordada.

Semanas atrás, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) propone la creación de una renta mínima única estatal, que puede ser complementada por otras administraciones, con criterios de renta y que sería compatible con tener un empleo.

Según el estudio sobre los programas de rentas mínimas en España, que le encargó elaborar el Gobierno y al que ha tenido acceso Efe, la AIReF propone mejoras respecto a la iniciativa legislativa popular que sobre la materia presentaron los sindicatos UGT y CCOO para su creación en las Cortes.

En su propuesta, adelantada por eldiario.es, la AIReF establece la renta del hogar como requisito para el acceso a esta prestación, eliminando el relativo a la situación laboral, haciéndola compatible con un empleo y permitiendo que actúe como un complemento salarial hasta que alcance un determinado umbral considerado “salario suficiente”.

Asimismo, propone eliminar el solapamiento de esta ayuda con la de otras administraciones (autonómicas o locales) si bien permite que puedan complementarla y que puedan identificar los colectivos perjudicados por la desaparición de los programas nacionales para que queden cubiertos por subsidios por desempleo.

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