Los fondos de las cuentas y libretas bancarias de España que lleven 20 años sin usar, se destinarán a financiar ayudas directas a personas discapacitadas para mejorar sus condiciones educativas, especialmente aquellas relacionadas con el desarrollo profesional, la innovación o la investigación.
El Gobierno tiene previsto incorporar este cambio en la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas con el objetivo de dar un uso concreto al efectivo y los saldos que los ciudadanos dejan depositados en sus cuentas bancarias y sobre los que no realizan ninguna gestión en dos décadas.
La modificación se introducirá en la normativa mediante una enmienda promovida por el Ministerio de Hacienda que el Grupo Popular ha registrado en el Congreso al proyecto de ley por la que se modifica la ley sobre Reutilización de la información del sector público.
De esta manera, no se modifica ningún aspecto en relación a los valores, dinero, saldos de cuentas o libretas, y demás instrumentos financieros abiertos en entidades bancarias pasan a formar parte del patrimonio público, ya que se mantienen como límite los 20 años sin haberse practicado gestiones para que se pueda producir este cambio de titularidad a favor de la Administración General del Estado.
En la normativa se va a introducir una nueva disposición para que la Administración central, a través del Real Patronato sobre Discapacidad, desarrolle un nuevo programa con ayudas directas para promover la mejora de la atención educativa de los discapacitados.
Estas ayudas deberán someterse a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad y no discriminación, aunque “se tendrán en cuenta especialmente las necesidades de los solicitantes y su idoneidad para obtener el mayor aprovechamiento posible en términos de vida autónoma, participación social e inclusión en la comunidad”.