La Comisión Europea ha reclamado a España que aplique el impuesto de sociedades a sus puertos, y ha concluido de manera «preliminar» que el sistema tributario que aplica el país en sus puertos les concede «una ventaja selectiva que puede vulnerar las normas de la UE sobre ayudas estatales».
«Con el fin de garantizar una competencia leal en toda la UE, los puertos que generan beneficios a partir de sus actividades económicas deben tributar de la misma forma que otros operadores económicos, ni más ni menos», ha defendido la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.
La comisaria ha recordado que «los puertos son infraestructuras clave para el crecimiento económico y el desarrollo regional», motivo por el cual las normas europeas «permiten un amplio margen para que los Estados miembros apoyen a los puertos e inviertan en ellos».
Bruselas ha reclamado este lunes tanto a España como a Italia que garanticen que a partir del 1 de enero de 2020 sus puertos contribuyan al impuesto de sociedades igual que el resto de empresas y les ha dado dos meses para modificar sus normativas para ello.
Las principales fuentes de ingresos de los puertos en España como las tasas portuarias o los ingresos obtenidos por contratos de arrendamiento o concesión están exentos del impuesto de sociedades en España, mientras que en el País Vasco, al igual que en Italia, los puertos están totalmente exentos del impuesto.
El Ejecutivo comunitario ya trasladó en abril a España e Italia sus «reservas» por sus regímenes tributarios aplicados a sus puertos y les ha dado ahora un plazo de dos meses para garantizar que contribuyan al impuesto de sociedades, igual que el resto de empresas.
Si no aceptan sus propuestas, la Comisión no descarta iniciar una investigación en profundidad para «verificar» la compatibilidad de las ayudas fiscales y reclamar el fin de las ayudas si constata que distorsionan la competencia en el mercado único.
Fuentes del Ejecutivo comunitario han aclarado que «no habrá recuperación de casos de ayuda existentes» en todo caso.
Ello se debe a que tanto los regímenes tributarios aplicados en los puertos de España, como de Italia, preceden a su entrada a la Unión Europea y se evalúan en el marco de un mecanismo específico de cooperación con la Comisión.
El Ejecutivo comunitario ya ha reclamado a países como Países Bajos, Bélgica y Francia en los últimos años que eliminen la exención del impuesto de sociedades a sus puertos.