La Comisión Europea ha advertido a España de la necesidad de actuar con mayor intensidad frente a la pobreza infantil, uno de los principales problemas sociales que el Ejecutivo comunitario identifica en el país. En sus recomendaciones económicas de primavera, Bruselas insta al Gobierno a mejorar la cobertura de las ayudas dirigidas a la infancia y a revisar el reparto del gasto social entre generaciones.
El aviso llega después de que la Comisión señalara también la conveniencia de limitar determinadas exenciones fiscales al IVA para equilibrar los ingresos tributarios. Sin embargo, dentro del análisis específico sobre España, uno de los puntos más destacados es la situación de los menores en riesgo de pobreza o exclusión social.
Una de las tasas más altas de la Unión Europea
Según los datos recogidos por Bruselas, en 2025 el 33,8% de los menores en España se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social. La cifra supone una ligera mejora respecto al 34,6% registrado el año anterior, pero continúa situándose entre las tasas más elevadas de la Unión Europea.
El informe comunitario subraya que uno de cada tres niños en España se encuentra en esta situación. Además, la pobreza infantil persistente alcanzó el 18,5% en 2025, por debajo del 20,6% del año anterior, aunque todavía claramente por encima de la media europea, situada en el 11,3%.
Bruselas considera que España no avanza al ritmo necesario para cumplir los objetivos de reducción de pobreza comprometidos para 2030. El pasado año, el país registró 2,6 millones de niños en riesgo de pobreza y exclusión social, una cifra que supera en 77.000 menores los datos de 2019.
Reequilibrar el gasto social
La Comisión Europea pide a España que aborde esta situación mediante un reequilibrio del gasto social entre generaciones. Aunque el informe no menciona expresamente las pensiones, el planteamiento apunta a la necesidad de que el gasto público en protección social no se concentre de forma mayoritaria en una sola partida, sino que tenga mayor impacto sobre otros grupos de edad, especialmente la infancia y la juventud.
El Ejecutivo comunitario también reclama una mejora de la cobertura y adecuación de las transferencias sociales y de la asistencia social, con el objetivo de reducir las desigualdades de ingresos. En este sentido, Bruselas advierte de que las ayudas existentes en España tienen una capacidad limitada para reducir la pobreza infantil en comparación con la media comunitaria.
El informe señala que las transferencias sociales reducen la pobreza infantil en un 40,1% en la Unión Europea, mientras que en España ese efecto se limita al 19%. Esta diferencia refleja, según Bruselas, una de las principales debilidades del sistema español de protección a la infancia.
Problemas de cobertura y acceso
La Comisión atribuye esta situación a varios factores, entre ellos la baja cobertura, el acceso efectivo limitado, la insuficiente cuantía de las ayudas, las dificultades administrativas y la falta de coordinación institucional. También considera que el gasto de protección social y los presupuestos generales no están suficientemente orientados hacia los niños y los jóvenes.
En su análisis, Bruselas menciona tanto el ingreso mínimo vital como el complemento de ayuda a la infancia, al considerar que ambos presentan problemas de cobertura y acceso. Por ello, sostiene que un mayor acceso al ingreso mínimo vital podría contribuir a reducir la pobreza infantil y a disminuir la brecha de pobreza.
España destina más de 1.200 millones de euros del Fondo Social Europeo a medidas de Garantía Infantil para familias en riesgo de exclusión social o pobreza. Además, el Gobierno anunció una prestación universal por hijo, una medida que, según la Comisión, podría ayudar a aliviar la pobreza infantil, aunque tendría un coste elevado.
Bruselas identifica a las familias monoparentales, las familias numerosas, los hogares con bajo nivel educativo y las familias de etnia gitana como los grupos con mayor riesgo. Por ello, reclama al Ejecutivo español medidas que mejoren la cobertura y la cuantía de las prestaciones dirigidas a la infancia.
