La decisión del Ministerio de Hacienda de no adaptar la tarifa estatal del IRPF a la evolución de los precios y de los salarios tendrá efectos directos en la declaración de la renta correspondiente a 2026. Según estimaciones del Registro de Economistas Asesores Fiscales, los contribuyentes con rentas bajas y medias asumirán una mayor carga fiscal pese a que el aumento de sus ingresos responde en muchos casos únicamente al encarecimiento del coste de la vida.
El impacto es especialmente visible en los niveles salariales más habituales. Un contribuyente con ingresos anuales de unos 25.000 euros pagará alrededor de 250 euros más de lo que abonaría si el impuesto se hubiera actualizado con la inflación. En el caso de rentas cercanas a los 30.000 euros, el incremento ronda los 350 euros, mientras que quienes perciben unos 45.000 euros anuales afrontarán un sobrecoste próximo a los 500 euros. A medida que el nivel de ingresos aumenta, también lo hace la diferencia: para salarios de 70.000 euros el incremento se aproxima a los 760 euros y en niveles cercanos a los 400.000 euros supera los 2.100 euros.
El efecto de la progresividad en frío
Este aumento de la carga fiscal responde a un fenómeno conocido como progresividad en frío, que se produce cuando los tramos del impuesto y los mínimos personales y familiares permanecen congelados mientras suben los salarios y los precios. En estas circunstancias, muchos contribuyentes pasan a tributar en tramos superiores sin que su poder adquisitivo real haya mejorado, lo que se traduce en una mayor recaudación sin necesidad de aprobar subidas explícitas del impuesto.
Desde Hacienda se sostiene que la deflactación del IRPF beneficiaría en mayor medida a las rentas más altas debido a la propia estructura progresiva del tributo. El ministerio defiende además que las rebajas fiscales aprobadas en los últimos años han supuesto un alivio mayor para las rentas bajas que el ahorro aproximado de unos 250 euros anuales que habría generado la actualización de los tramos conforme a la inflación.
Los cálculos del REAF incorporan en esta ocasión no solo la evolución del índice de precios al consumo, sino también la variación salarial media recogida en la Estadística de Convenios Colectivos del Ministerio de Trabajo, que refleja un incremento acumulado del 18,1% entre 2022 y 2026. A ello se suma el efecto de no haber actualizado ni el mínimo personal ni los 2.000 euros correspondientes a otros gastos deducibles, tomando como referencia una subida del 15,8% del IPC con base en 2025.
Las comunidades tampoco ajustan sus tarifas
La ausencia de deflactación no se limita al ámbito estatal. Las comunidades autónomas han consolidado en 2026 la tendencia iniciada el año anterior y tampoco han actualizado sus tarifas autonómicas del IRPF en la mayoría de los casos. Durante los años más intensos de la crisis inflacionaria, entre 2022 y 2024, muchos territorios sí aplicaron ajustes para compensar el efecto de la subida de precios, ya fuera mediante la deflactación de los tramos o mediante reducciones de tipos y mejoras en los mínimos personales y familiares.
Sin embargo, esa estrategia ha desaparecido prácticamente del mapa autonómico. Según los datos recopilados por el REAF en su informe anual sobre fiscalidad autonómica, solo La Rioja mantiene una cláusula que contempla la posibilidad de actualizar los tramos y mínimos personales si la variación interanual del IPC autonómico de diciembre supera el 3%.
Este cambio se produce en un contexto de debate político todavía abierto sobre la conveniencia de deflactar el impuesto. El Partido Popular, que gobierna la mayoría de las comunidades autónomas, continúa reclamando al Gobierno la actualización de la tarifa estatal del IRPF, aunque por segundo año consecutivo sus territorios tampoco han aplicado esa medida en el ámbito autonómico.
