La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), a través de un informe elaborado por su director ejecutivo, Ángel de la Fuente, se une a las preocupaciones expresadas por la AIReF respecto a la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones en España.
Según el informe de Fedea, la Autoridad Fiscal concluye cautelosamente que el sistema de pensiones ha pasado su primer examen de manera ajustada. Aunque esto evita la necesidad de aplicar ajustes adicionales por ahora, no asegura la sostenibilidad del sistema, que evidencia signos claros de un estrés financiero creciente.
El 31 de marzo, la AIReF presentó sus estimaciones sobre el impacto de las recientes medidas de ingresos en el sistema de pensiones, así como su informe acerca de la posibilidad de activar la cláusula de salvaguarda. Esta disposición, en última instancia, podría implicar un aumento en las cotizaciones sociales para prevenir un aumento descontrolado del déficit en el sistema público de pensiones.
La normativa indica que la cláusula de salvaguarda se activa si el gasto neto proyectado en pensiones, descontando los ingresos adicionales derivados de la reforma, supera el 13,3% del PIB en promedio entre 2022 y 2050. En su informe del 31 de marzo, la AIReF estimó este porcentaje en 13,2% del PIB, situándolo justo por debajo del umbral establecido.
Así, la institución que preside Cristina Herrero avaló el cumplimiento de la regla de gasto, lo que evita una nueva subida de cotizaciones, pero también dejó claro que no se estaba produciendo una mejora de la sostenibilidad del sistema de pensiones.
FEDEA CRITICA QUE EL GOBIERNO HAYA ACTUADO COMO «JUEZ Y PARTE»
En el informe elaborado por Ángel de la Fuente, Fedea se suma a esta advertencia de la AIReF, al tiempo que plantea algunas objeciones a la forma en la que se ha aplicado la cláusula de cierre.
Así, Fedea critica que ésta se ha visto «muy condicionada» por un decreto dictado el pasado mes de febrero por el Gobierno en el que, «actuando como juez y parte», ha regulado algunos detalles «importantes» de los cálculos que debía tomar en cuenta la AIReF para su examen del sistema de pensiones.
En este sentido, Fedea denuncia que este decreto «abre la puerta a la inclusión indiscriminada de incrementos en las transferencias del Estado no destinadas a financiar pensiones no contributivas entre los ingresos adicionales atribuidos a la reforma».
«Esto puede desvirtuar la condición de sostenibilidad, porque permite reducir el gasto neto a base de contabilizar nuevos ingresos que realmente no son tales desde el punto de vista de las cuentas públicas consolidadas, desplazando artificialmente el déficit del sistema de pensiones a las cuentas de la Administración General del Estado», alerta Fedea.
De la Fuente señala además que el Decreto exige también una corrección al alza de las proyecciones de PIB del Informe de Envejecimiento desde 2024 en adelante «que podría ser excesivamente optimista», pues supone que la «considerable» diferencia registrada en 2023 entre el dato observado de PIB nominal y las proyecciones originales del Informe de Envejecimiento de 2024 de la misma variable (del 6%) se mantendrá invariable en el futuro.
Finalmente, expone Fedea, el examen realizado «parte de una condición de sostenibilidad incorrecta, formulada en términos del volumen de gasto en lugar del déficit del sistema. Ello hace posible, según el organismo, avanzar hacia el cumplimiento de la condición de sostenibilidad sin que esto implique necesariamente una mejora de la situación financiera del sistema.
«La omisión de los factores de ingreso puede generar así una especie de ilusión monetaria que lleva a sobrevalorar los efectos reales de la corrección del PIB exigida por el decreto», sostiene Fedea.
De la Fuente asegura que hay muchas formas posibles de verificar si se cumple o no la condición de sostenibilidad de la cláusula de salvaguaerda.
«Siguiendo el procedimiento establecido en un reciente decreto del Gobierno, la AIReF se ha visto empujada a elegir la única opción que lleva a un aprobado. Sin embargo, esta opción es también la menos creíble, porque incluye tres décimas de ingresos adicionales ligados a transferencias del Estado», denuncia Fedea, que añade que, si se excluyeran las transferencias, el sistema de pensiones suspendería el examen de la AIReF y sería necesario activar la cláusula semiautomática de ajuste para poner en marcha medidas de recorte de gasto o aumento de ingresos.
