El Consejo General de Economistas (CGE) ha trasladado una serie de propuestas a los partidos políticos que concurren a las elecciones generales del 28 de abril, que pasan por reorganizar la tributación de la riqueza y revisar los tributos ligados a la financiación autonómica, así como reforzar las inversiones en I+D+i y en infraestructuras y promulgar una Ley de Auditoría del Sector Público.
Estos son algunos de los planteamientos recogidos en el documento ‘Por un desarrollo socioeconómico inclusivo y sostenible’, que recoge las propuestas de los economistas con el fin de ser incluidas en los programas electorales.
El presidente del CGE, Valentín Pich, ha señalado que en España hay problemas ante los que la diagnosis realizada por la mayoría de expertos y técnicos de los partidos resulta coincidente, como las pensiones o la financiación autonómica, conviniendo todos ellos en la necesidad de reformas, y sobre los que «deberían pronunciarse enunciando de forma clara qué políticas van a llevar a cabo para su resolución».
Según Pich, «en un contexto de cierta desaceleración, con un déficit excesivo y una deuda desaforada, la política no debería abstraerse de esta realidad y hacer propuestas concretas de carácter económico». En este sentido, echa en falta «en general» programas económicos «con cierta profundidad técnica».
En materia fiscal, los economistas consideran necesario reorganizar la tributación de la riqueza, decidir la permanencia o supresión del Impuesto sobre Patrimonio, el papel de Sucesiones y Donaciones, y otros gravámenes relacionados, como el IBI o la imputación de rentas inmobiliarias en el IRPF; revisar de manera global los tributos ligados a la financiación autonómica; reflexionar sobre la tributación medioambiental, y mejorar los incentivos fiscales en I+D+i.
En cuanto al IRPF, entienden que debería simplificarse; y con respecto al Impuesto sobre Sociedades creen que sería conveniente volver a acercar los pagos fraccionados a la tributación anual final para que las empresas no adelanten impuesto sistemáticamente.
También creen que se debe solucionar el problema de las valoraciones, sobre todo de bienes inmuebles y, principalmente, en los impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, y en el de Transmisiones Patrimoniales, que están en la raíz de un porcentaje «importantísimo» de la litigiosidad tributaria.