Bolivia ha promulgado el pasado viernes una nueva ley para promover las inversiones extranjeras.
El Presidente de Bolivia, Evo Morales, ha señalado que esta ley busca atraer capitales extranjeros con el objetivo de impulsar el desarrollo y generar empleo en el país sudamericano. Esta ley va a dar un nuevo marco a las inversiones extranjeras después de un largo período de nacionalizaciones.
Con respecto a las empresas de capital extranjero, el mandatario boliviano ha señalado que el Estado va a establecer las condiciones para que sus utilidades tengan garantías. Sin embargo, ha dejado claro que la nueva ley “no sólo es instrumento para la ganancia sino también para el desarrollo”.
Evo Morales ha explicado que los capitales extranjeros le “pedían seguridad jurídica para garantizar la ganancia y la plata, pero para nosotros la seguridad jurídica es para garantizar la vida humana”.
El Gobierno de Bolivia ha destacado que el incentivo a la inversión tiene tres objetivos: impulsar sectores productivos estratégicos, generar empleo y equilibrar la inversión en las regiones del país, tomando en cuenta los recursos naturales y áreas de producción de cada departamento.
Para Morales, esta política lejos de ahuyentar la inversión privada rindió frutos. Asimismo, destacó que en el año 2005, un año antes de asumir el poder, la inversión extranjera era de 221 millones de dólares (160.8 millones de euros), mientras que el año pasado llegó a 1.750 millones de dólares (1.273 millones de euros).
Por otra parte, la nueva ley establece que si se llegara a presentar alguna controversia de negocios, se resolverá bajo la normativa nacional y no en tribunales internacionales donde “siempre gana el privado y no el Estado”.
Evo Morales asumió la presidencia en Bolivia en el año 2006. Desde ese momento, ha nacionalizado cerca de veinte empresas extranjeras, pertenecientes a los sectores de hidrocarburos, telecomunicaciones y electricidad. Algunas empresas afectadas decidieron elevar las disputas a instancias internacionales de arbitraje o resolución de controversias, debido a desacuerdos presentados ante las compensaciones.
De acuerdo a información manejada por la Procuraduría, Bolivia enfrentaba hasta diciembre pasado demandas internacionales reclamando indemnizaciones por las nacionalizaciones por un total de 1.870 millones de dólares (1.360 millones de euros).