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martes, abril 23, 2024
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Castilla-La Mancha alcanza su objetivo del déficit para 2013

 Castilla-La Mancha alcanza su objetivo del déficit para 2013

La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha ha registrado un déficit del 1,24% de su Producto Interior Bruto (PIB) al cierre de 2013, cifra inferior al objetivo establecido para esta comunidad por el Ministerio de Hacienda (1,30%).

Así lo ha anunciado este viernes el consejero de Hacienda, Arturo Romaní, que ha explicado que esta cifra «aún está sujeta a la revisión del Ministerio, pero está muy ajustada y se espera que cumpla con el compromiso asumido con el Gobierno de España«.

En todo caso, ha querido puntualizar que en este dato no se cuenta el gasto «extraordinario» derivado de la devolución a empresas eléctricas del Impuesto sobre Determinadas Actividades que inciden en el Medio Ambiente (IDAIMA), tasado en 212 millones de euros, y 64 millones de IVA que faltaban por ingresar de la antigua empresa pública Sociedad de Carreteras, ahora Gicaman.

Según ha indicado Romaní, estos gastos extraordinarios suponen ocho décimas más de déficit, por lo que el dato que ofrezca el Ministerio rondará el 2,04%, pero ha insistido en que se trata de «agujeros» que no deberían computarse ya que se trata de gastos «extraordinarios».

El consejero ha manifestado que pedirá «ayuda» al Ministerio para explicar esta circunstancia, pero que en todo caso «este dato demuestra que las cuentas están encarriladas y que son sostenibles».

Arturo Romaní ha incidido en que estos «agujeros» no conllevarán «ajustes de gasto paralelo», y en que de cara a cumplir el objetivo del déficit para 2014 del 1% la región arranca «desde el 1,24%» y no desde el 2,04%».

El titular de Hacienda ha avanzado además que los 212 millones del IDAIMA se devolverán a las empresas antes del 30 de junio, y esta deuda será satisfecha a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que pone a disposición el Ministerio para hacer frente a este gasto.

El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha ha indicado asimismo que las empresas afectadas han aceptado no recibir intereses de demora para no retrasar el proceso, lo que supone un ahorro total de 38 millones de euros.

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