Este lunes, el Gobierno y los agentes sociales, patronal y sindicatos, siguen negociando, en la mesa técnica correspondiente, las condiciones para ampliar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por el COVID-19 más allá del 30 de septiembre.
Días atrás, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró que con ella «arrancan los trabajos técnicos ya, con fuerza y con una primera convicción de todos para no agotar los tiempos de negociación disponibles» alcanzando un acuerdo que sea «fino y preciso» para ser lo más eficaces posibles.
Díaz ha mostrado la intención del Gobierno de «definir muy bien todos los sectores y empresas para que nadie se quede atrás» y de poner en marcha los «mecanismos de protección cuanto fuere necesario», viendo «sector a sector cuáles son sus necesidades».
En la reunión ha estado presente también el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, quien ha considerado el encuentro «útil» y «sustantivo» y ha confiado en que esta ampliación del sistema de los ERTE «aporte certidumbre a trabajadores y empresas que siguen afectados por la pandemia».
Por su parte, el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha resaltado que todas las partes buscan llegar a un acuerdo «lo más rápido posible» pero es necesario ampliar las medidas, más allá de los ERTE, dada la situación de algunos sectores como es el caso del turismo, y garantizar que lleguen a las empresas que más lo necesiten.
En línea con las peticiones de los sindicatos, el presidente de la patronal se ha mostrado a favor de mantener la cuantía de prestación extraordinaria de los trabajadores en un ERTE en el 70 % de la base reguladora, evitando que a partir del sexto mes se reduzca al 50 %.
También la ministra de Trabajo ha mostrado la «sensibilidad» del Gobierno ante esta situación, que fue generada por un cambio legislativo que introdujo el PP, y que están trabajando para cambiar porque «hay un clamor social en la calle».
La CEOE se sienta a la mesa de negociación con «vocación positiva y de ayuda» tratando de que «nadie se quede desatendido».
Por ello, van a proponer también en la mesa que se exonere del pago de las cotizaciones sociales «a las empresas que lo necesiten», aquellas que continúan con sus plantillas en la inactividad, y no a aquellas que ya los están incorporando.
«Un empresario no va a contratar a nadie porque le financien el coste laboral, pero uno puede tener problemas de liquidez si no tiene actividad» y tiene que abonar cotizaciones sociales, ha dicho el presidente.
Adicionalmente, ha urgido al Gobierno a lograr un acuerdo cuanto antes, porque los empresarios necesitan certidumbre, y ha pedido lealtad para que les trasladen las medidas en la mesa de diálogo social y no se enteren por los medios de comunicación.