
El cruce de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al primer trimestre de 2026 refleja una diferencia relevante entre las personas que declaran recibir una prestación o subsidio por desempleo y quienes se encuentran en situación de paro.
Según estos datos, 1,75 millones de personas señalaron percibir una prestación o subsidio de desempleo durante los tres primeros meses del año. De ellas, 931.300, el 53,1%, estaban desempleadas, es decir, no tenían trabajo y buscaban activamente uno. El 46,9% restante no figuraba como parado según la clasificación de la encuesta: 716.600 personas estaban inactivas y 104.600 se encontraban ocupadas.
Esta situación no permite concluir que exista un fraude generalizado en el sistema de prestaciones. La EPA es una encuesta trimestral dirigida a los hogares, por lo que las respuestas de los participantes pueden incluir ayudas públicas distintas o situaciones que no coinciden exactamente con las categorías administrativas empleadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
El INE situó el número total de parados en 2,71 millones de personas durante el primer trimestre de 2026, con una tasa de paro del 10,83%. La EPA mide la situación laboral de la población residente mediante entrevistas a hogares y distingue entre ocupados, parados e inactivos, una metodología diferente de la utilizada por los registros administrativos.
Menos de la mitad de los parados inscritos declara cobrar una ayuda
La comparación también arroja diferencias en materia de cobertura. De acuerdo con los datos analizados, las 931.300 personas paradas que declararon percibir una prestación o subsidio equivalían al 45,9% de los 2,1 millones de desempleados inscritos en oficinas de empleo.
La proporción se reduce todavía más al tener en cuenta al conjunto de personas desempleadas estimadas por la EPA. De los 2,7 millones de parados contabilizados durante el primer trimestre, 617.200 afirmaban no estar inscritos en las oficinas de empleo. En ese escenario, la cobertura se situaría en el 34,4% del total de desempleados.
En el caso de los inactivos inscritos como demandantes de empleo, 716.600 personas declararon cobrar una prestación o subsidio. Esa cifra representa el 44,2% de los 1,62 millones de inactivos que señalaban estar apuntados en una oficina de empleo. Entre los ocupados inscritos, 104.600 recibían alguna ayuda, el 15,2% de un colectivo de 572.000 personas.
Las cifras muestran que estar registrado como demandante de empleo no implica necesariamente estar desempleado ni percibir una ayuda. Del mismo modo, puede haber personas beneficiarias de prestaciones que no encajen en la definición de paro utilizada por la EPA.
Dos estadísticas con métodos y resultados diferentes
Los datos de la EPA y del SEPE no son directamente homologables. Mientras la encuesta del INE recopila información trimestral a partir de entrevistas a hogares, el SEPE utiliza registros administrativos mensuales sobre demandantes, personas desempleadas y beneficiarios de prestaciones.
Pese a estas diferencias, los totales de ambas fuentes presentan magnitudes próximas. La EPA contabilizó 4,33 millones de personas inscritas en oficinas de empleo durante el primer trimestre, frente a los 4,27 millones de demandantes registrados por el SEPE. En cuanto a los beneficiarios, la encuesta estimó 1,7 millones de perceptores, mientras que el organismo estatal registró alrededor de 1,8 millones.
La principal divergencia aparece al medir la cobertura. El SEPE informó de una tasa de cobertura del 78% en mayo de 2026, calculada con una fórmula propia que relaciona los beneficiarios con los parados registrados con experiencia laboral y los perceptores del subsidio agrario. Esta metodología no coincide con la estimación de la EPA, que clasifica a las personas según su relación efectiva con el empleo.
La distancia entre ambas referencias ha crecido en los últimos años, según el análisis de los datos. Entre los factores señalados figura el peso de colectivos como los fijos discontinuos en periodos de inactividad, que pueden recibir una prestación sin computar del mismo modo en todas las estadísticas de desempleo.


