Las principales compañías eléctricas españolas han sufrido un fuerte retroceso en Bolsa este lunes, perdiendo cerca de 2.000 millones de euros en capitalización bursátil. El motivo ha sido la propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la nueva tasa de retribución financiera (TRF) para las redes de distribución y transporte de electricidad entre 2026 y 2031, que ha quedado por debajo de las expectativas del sector.
Endesa fue la más afectada, con una caída del 2,33% y una pérdida de 667 millones de euros. Le siguieron Iberdrola, que retrocedió un 1,07% (más de 1.060 millones), y Naturgy, con un descenso del 0,94% (unos 250 millones). Redeia, por su parte, apenas cedió un 0,17%, limitando su pérdida a 16 millones.
La CNMC ha propuesto fijar la TRF en un 6,46%, una subida desde el 5,58% actual, pero aún lejos del 7%-7,5% que reclamaban las eléctricas. Esta propuesta ha sido sometida a consulta pública hasta el 4 de agosto. Según analistas de Banco Sabadell, la medida es especialmente negativa para compañías con alta exposición al negocio regulado, como Redeia y Endesa. No obstante, se espera que la versión definitiva de la TRF pueda ajustarse al alza, acercándose al 6,8%-7%.
Goldman Sachs y JP Morgan coinciden en que la necesidad estructural de modernizar las redes podría llevar a una mejora en la propuesta final. Entre las posibles revisiones se incluyen una mayor rentabilidad, la remuneración de inversiones en curso y la superación de objetivos.
La CNMC ha planteado dos escenarios. En el primero, con una base regulatoria constante, se estiman inversiones de 2.933 millones en transporte y 9.961 millones en distribución entre 2026 y 2031. El aumento de la TRF supondría un incremento anual de 297 millones de euros en retribución conjunta, lo que representa un 4,4% más respecto al marco actual.
En el segundo escenario, se consideran los planes de inversión ya declarados y las previsiones del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que contempla 52.360 millones de euros en redes hasta 2030. Este enfoque podría justificar una TRF más elevada para garantizar las inversiones necesarias en plena transición energética.
