El Gobierno ha aprobado el tercer tramo de avales del Estado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), por un importe de 24.500 millones de euros, para créditos a empresas, pymes y autónomos afectados por el impacto económico de la crisis del coronavirus.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha explicado que de ese total, que se suma a los 40.000 millones dispuestos hasta el momento, 20.000 millones irán destinados a avalar a las empresas, 10.000 de los cuales serán para pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos.
Otros 4.000 millones serán garantías para las emisiones de pagarés de compañías no financieras que operen en el mercado de renta fija siempre que tengan su sede social en España, distinción que se establece a fin de evitar que opten a estas ayudas empresas procedentes de paraísos fiscales o que se destinen fondos públicos al pago de dividendos.
Los 500 millones restantes irán a la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa), una partida que «va a permitir reforzar la labor que viene desarrollando en apoyo a las empresas».
Con esta tercera fase de la línea de avales públicos, el Gobierno ya ha habilitado 64.500 millones de euros, del total de 100.000, la mayor parte reservada para pymes y autónomos, con lo que la prioridad de proteger a este tejido «está teniendo su resultado», ha dicho Montero.
Según los datos ofrecidos por la ministra, hasta el lunes se han cerrado 269.843 operaciones, el 98 % destinadas a pymes y autónomos, con lo que el Estado ha avalado 27.510 millones de euros y ha inyectado 36.190 millones para este sector.
Respecto a las quejas de las empresas que tratan de acceder a estas ayudas, ha recalcado que el Gobierno está tratando de dar respuesta a todas las cuestiones y que las seguirá «sujetando a vigilancia y seguimiento».
El Consejo de Ministros también ha dado luz verde a que se retome la licitación de obra pública sin necesidad de motivarlo como sucedía hasta el momento. Asimismo, ha decidido permitir a las Administraciones realizar anticipos de los contratos que se habían suspendido por la emergencia sanitaria, «beneficiando esta medida a un número importante de proveedores del sector público».