El Estado español destinó 380,46 millones de euros en ayudas transferidas a las comunidades autónomas, dirigidas al empleo de colectivos con mayor dificultad en el acceso o permanencia en un puesto de trabajo, tales como personas discapacitadas, víctimas de la violencia de género, del terrorismo, o con responsabilidades familiares.
Así se desprende de la respuesta que el Gobierno ha dado al diputado de PDeCAT Carles Campuzano, adscrito al Grupo Mixto, quien en enero preguntó por la cantidad transferida a las CCAA para subvencionar el empleo de personas con discapacidad.
Del total, Andalucía (78,7 millones de euros) y Cataluña (60,6 millones) concentraron el 36% de todas las subvenciones otorgadas. La Comunidad de Madrid recibió 49 millones mientras que la Comunidad Valenciana obtuvo ayudas por un valor de 38,1 millones.
Siguen a estas comunidades Galicia (30,1 millones de euros), Canarias (23,3 millones), Castilla y León (21,3 millones), Castilla-La Mancha (16,4 millones), Extremadura (15,7 millones), Asturias (10,5 millones) y Aragón (10,2 millones).
Sólo cuatro comunidades autónomas recibieron menos de diez millones de euros: Murcia (9,8 millones), Illes Balears (7,3 millones), Navarra (2,1 millones) y La Rioja, región con menos ayudas recibidas (2 millones). El País Vasco no figura como región receptora de estas partidas, ni tampoco las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Estas ayudas están integradas dentro de la partida Oportunidades de Empleo, que tratan de incentivar la contratación, la creación o el mantenimiento del empleo entre los colectivos que el Gobierno de España identifica con una mayor vulnerabilidad.