El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sitúa a España como el mejor país en el componente normativo y técnico en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y en el ‘top 5’ en cuanto a la efectividad de las medidas implementadas, y constata una mejora de sus recomendaciones.
No obstante, el Gobierno prevé aprobar una norma con rango de ley para la aplicación inmediata de las sanciones que imponga el Consejo de Seguridad de la ONU contra el uso y movimiento de fondos en materia de terrorismo, ante el actual decalaje de días que se produce hasta que se aplica el reglamento europeo del que depende España, según han indicado en fuentes del Ministerio de Economía.
Así se desprende de los resultados de la evaluación de seguimiento del quinto año realizada por GAFI sobre el sistema español de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que constatan una mejora por parte de España en dos de las recomendaciones, por lo que cumple 38 del total de 40 que realiza el ente intergubernamental.
El análisis subraya que España es un país de referencia y sigue mejorando en prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y lo sitúa entre los mejores países del mundo por su sistema de prevención y la efectividad en la lucha contra esas amenazas.
Entre las fortalezas destacan el esquema de coordinación institucional, configurado a través de la comisión de blanqueo de capitales y en la que participan comunidades autónomas y distintos ministerios con competencias en áreas económicas, así como por el esquema de unidad de inteligencia financiera enmarcado en la autoridad supervisora en materia de prevención el blanqueo de capitales (Sepblac) y por el sistema de investigación y supervisión que surge del entramado institucional.
El informe que publica este jueves GAFI ha analizado tres resultados inmediatos, de los que eleva de «moderado» a «sustancial» dos de las recomendaciones, si bien mantiene en moderado la calificación de una de ellas. Este reconocimiento refleja que España goza de un sistema institucional y financiero «atractivo y seguro» para los inversores y repercute en las relaciones financieras y comerciales con el resto del mundo, al abaratar costes, según han destacado fuentes del Ministerio de Economía.