La oferta de pisos turísticos ha aumentado de manera significativa en los últimos años, lo que está provocando una subida de precios del alquiler regular ante el desvío de la oferta hacia el turismo, a la vez que produce una masificación turística en muchas ciudades, lo que ha provocado manifestaciones de protesta en diferentes lugares de España, como las islas Canarias (Atlántico), las islas Baleares (Mediterráneo) o Barcelona (noreste).
Comunidades autónomas (regiones) y ayuntamientos han comenzado ya a restringir este tipo de alojamientos, y el Gobierno español también está abordando el asunto.
El Ministerio de Vivienda ha convocado a los presidentes autonómicos a una conferencia para estudiar el impacto que estos pisos tienen en el precio de la vivienda, y el ministro de Industria, Jordi Hereu, se refirió este martes a la necesidad de escuchar a los ayuntamientos más afectados por el fenómeno.
Además, muchos de estos pisos turísticos no cuentan con licencia para funcionar como tales y muchos ayuntamientos ya han anunciado sanciones contra sus propietarios, como es el caso de Madrid o de Sevilla.
En Madrid, el ayuntamiento anuncia una nueva normativa de los pisos turísticos que, entre otras medidas, incluirá que en el distrito de Centro ningún local se podrá convertir en vivienda de uso turístico, anunció este mes el consistorio.
El pasado mes de julio varias asociaciones vecinales de la capital registraron denuncias administrativas contra 10.210 pisos turísticos presuntamente ilegales, alegando que carecen de licencia y, por ello, solicitando que se les suspenda como alojamientos.
En Sevilla, el ayuntamiento anunció que cortará el agua a los que funcionen sin licencia y reiteró el pasado mes de julio su compromiso de que en el casco antiguo “no habrá ni un apartamento turístico más” .