La Comisión Europea solicitará este miércoles el final del procedimiento por déficit excesivo para España, en vigor desde hace una década.
La petición es resultado de la consolidación fiscal llevada a cabo para reducir el desvío, desde el pico del 11% que registró en 2009 hasta bajar del umbral del 3% que establecen las normas comunitarias en el pasado ejercicio.
Así lo ha anunciado en varias ocasiones el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, y el Ejecutivo comunitario formalizará hoy finalmente su propuesta. La decisión final dependerá de los ministros de Economía y Finanzas en su reunión de la próxima semana en Luxemburgo.
«La Comisión estará en la posición de recomendar al Consejo (los países) el próximo mes la salida de España del procedimiento por déficit excesivo después de diez años. Esto son bastante buenas noticias», dijo el socialdemócrata francés en una rueda de prensa a principios de mayo.
Bruselas abrió este expediente a España el 18 de febrero de 2009 –tras haber registrado un desfase presupuestario el año anterior del 4,4%– y propondrá cerrarlo este miércoles, más de diez años después y tras cuatro prórrogas: una concedida al Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y tres al Ejecutivo ‘popular’ de Mariano Rajoy.
El primer plazo exigía a España reducir su déficit público por debajo del 3% como muy tarde en 2012, pero el Gobierno de Zapatero solicitó un año más de prórroga pocos meses después de la apertura del procedimiento. Ya con Rajoy en la Moncloa, la UE concedió una nueva prórroga a España hasta 2014, después una nueva de dos años, hasta 2016, y finalmente una última hasta 2018.
El verano de 2016 fue el momento más tenso entre Bruselas y Madrid en el marco de este expediente. En ese momento, las autoridades europeas estuvieron cerca de multar a España por relajar la aprobación de medidas de consolidación fiscal e incumplir el objetivo que estaba establecido para el año anterior. El Ejecutivo comunitario canceló finalmente dicha multa y también la congelación de una parte de los fondos que recibe el país.
El cierre del expediente llegará después de que las administraciones públicas cerraran el año pasado con un déficit del 2,48%, más de medio punto por debajo del umbral del 3% aunque es casi tres puntos superior al objetivo pactado con Bruselas, que era del 2,2%.
Hasta ese punto, el desvío había crecido desde el 4,4% de 2008 hasta el 11% de 2009. Descendió hasta el 9,4% un año después, para posteriormente encadenar dos años de crecimiento: 9,6% en 2011 y 10,5% en 2012. A partir de entonces el déficit público encaminó una senda de fuertes descensos y se redujo al 7% en 2013, 6% en 2014, 5,3% en 2015, 4,5% en 2016 y 3,1% en 2017.
La decisión sobre España formará parte del llamado ‘Paquete de Primavera’, que incluirá recomendaciones macroeconómicas para todos los países y otras decisiones en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
En este contexto, es posible que la Comisión Europea active formalmente el procedimiento para sancionar a Italia por no haber adoptado medidas suficientes para reducir el peso de su deuda pública, que en 2018 cerró en el 132,2% del PIB y crecerá hasta el 133,7% este año y al 135,2% en 2020.
Bruselas abrió la puerta a este procedimiento el pasado miércoles, tras enviar una carta a Roma en la que avisaba de que las autoridades italianas «no han hecho suficientes progresos» para reducir el nivel de deuda pública.
El Ministerio de Finanzas italiano respondió en otra misiva enviada el viernes a la institución comunitarias en la que reconoce que sería necesario registrar un superávit primario mayor para «colocar el ratio de deuda en una clara senda descendente», pero al mismo tiempo añade que la caída del comercio global y de la actividad industrial en la segunda mitad de 2019 fue «más abrupta y profunda de lo esperado» y que este hecho dificultó la aprobación de medidas «compensatorias».
En el caso de que la Comisión Europea considere que Italia ha reducido sus esfuerzos para recortar su deuda pública, se iniciará un periodo de 15 días para la confirmación de este hecho por parte de los Estados miembros. Pasado ese plazo, Bruselas tendrá 20 días para proponer una multa del 0,2% del PIB del país transalpino, lo que supondría un montante de unos 3.500 millones de euros.