Según un estudio realizado por Excerial, cada empresa dedica el 35% de sus beneficios comerciales en el pago de las obligaciones tributarias. En el caso de las pymes el pago anual es de hasta 4.000 y en el caso de los autónomos de 2.000 euros.
En concreto, las compañías se ven obligadas a cumplir, por un lado, trámites de tipo horizontal (asuntos fiscales, laborales, medio ambiente, propiedad industrial, entre otros), a los que se suman gestiones sectoriales según el ramo en donde operen.
Según el portavoz de Excerial, Miguel Ángel Ferrer Garcerán, muchas empresas están tratando de ahorrarse gastos en asesoramiento, pero al final se dan cuenta de que asumir estas tareas por sí solas les resulta bastante más costoso. «Además, en muchos casos, acaban sufriendo importantes multas porque no han resuelto bien las tasas e impuestos», recuerda.
En cuanto a la Administración electrónica, el 70% de los encuestados opina que la posibilidad de realizar gestiones online ha simplificado la burocracia, pero el 80% de ellos manifiesta tener problemas operativos cotidianos tanto con los procedimientos como con fallos tecnológicos de la Administración
De esta forma, las obligaciones contables y el incremento de tasas estatales, autonómicas y locales se han convertido en uno de los principales problemas para las empresas españolas junto a la falta de financiación y el desplome de las ventas.
De hecho, para el 60% de las empresas, las obligaciones contables complican su actividad más que otras cosas, mientras que para el 51% el mayor problema son las tasas municipales y para el 46% la legislación laboral, a pesar de la reciente reforma.
«A esto hay que añadir la duplicidad de normas entre las tres administraciones y la diferente legislación autonómica, lo que convierte a nuestro país en un lugar en donde es difícil operar para los empresarios españoles y para los inversores extranjeros», explica Garcerán.