Los ministros de Economía de la Unión Europea (UE) tratarán de alcanzar este martes un acuerdo político sobre la norma que encomienda al Banco Central Europeo (BCE) la supervisión de todas las entidades de la Eurozona. Se trata de la condición previa para que el fondo de rescate de la UE recapitalice directamente bancos.
Alemania, Reino Unido y Suecia mantienen todavía reservas que podrían impedir un compromiso. Pero incluso la delegación británica, una de las más reticentes, confía en que el pacto es posible y considera que ningún país se atreverá a bloquearlo.
España ha insistido hasta ahora en la necesidad de cumplir los plazos, ya que esperaba beneficiarse de la recapitalización directa aunque fuera de forma retroactiva. Sin embargo, el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, ha repetido este lunes que el acuerdo no estará listo a tiempo para España.
Si no se aprueba en el Ecofin, la creación del supervisor bancario único se debatirá de nuevo en la cumbre de líderes europeos del 13 y 14 de diciembre. Los jefes de Estado y de Gobierno han pedido a sus ministros que alcancen el consenso antes de que acabe el año.
El primer obstáculo que frena el acuerdo es el ámbito de aplicación. Berlín sigue insistiendo en que las entidades pequeñas, como las cajas alemanas, no queden bajo el control del BCE. El resto de países se opone alegando que ello crearía un sistema «a dos velocidades» en el que los bancos que no participan quedarán automáticamente expulsados del mercado interbancario para financiarse.
Por ello, reclaman que el BCE tenga la «última palabra» sobre los 6.000 bancos de la eurozona, aunque las autoridades nacionales sigan ocupándose del trabajo del día a día.
La segunda dificultad es cómo separar la política monetaria de la nueva función de supervisión y cómo facilitar la participación en el supervisor único de los países de fuera de la eurozona. La propuesta de compromiso sobre la mesa prevé crear un nuevo consejo de supervisión en el seno del BCE en el que cada país tendrá el mismo peso.
Una vez que el consejo supervisor haya adoptado un compromiso, lo trasladará al consejo de gobierno del BCE, en el que sólo están los países de la eurozona, que lo aprobará en quince días por procedimiento de silencio administrativo. En caso de oponerse, los países de fuera del euro podrán renunciar a aplicar la decisión.
Suecia, Alemania y Austria cuestionan que el consejo supervisor esté supeditado al consejo de gobierno y plantean una reforma del Tratado, ya que éste establece que el consejo de gobierno y el comité ejecutivo del BCE son los únicos órganos facultados para adoptar soluciones.
El tercer problema es la reforma de la Autoridad Bancaria Europea, que seguirá siendo la responsable de elaborar los estándares técnicos para la banca. Reino Unido teme quedar siempre en minoría en este órgano, que decide por mayoría cualificada, si los países de la eurozona y los que participan en el supervisor único se alían.
Por ello, Londres, junto con otros países de fuera del euro como Polonia y Suecia, exige aumentar su poder en la Autoridad Bancaria frente a los países de la eurozona. Pero Francia y la Comisión se niegan alegando que ello supondría darle un peso excesivo que le permitiría bloquear cualquier decisión.