La Comisión Europea ha pedido a España un mayor esfuerzo para atender las necesidades de niños y jóvenes, especialmente en ámbitos como la educación, el acceso a la vivienda y el empleo, en un contexto marcado por el debate sobre el reparto del gasto público entre generaciones. El aviso figura dentro del paquete de recomendaciones del semestre europeo, donde Bruselas analiza los principales retos económicos y sociales del país.
El Ejecutivo comunitario considera que España debe avanzar hacia un modelo de gasto más equilibrado, con políticas que reduzcan las desigualdades y refuercen la protección de los colectivos más vulnerables. En este sentido, apunta a la necesidad de abordar la pobreza infantil, mejorar la cobertura de las transferencias sociales y facilitar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral.
La recomendación llega en un momento en el que la situación de las nuevas generaciones sigue condicionada por el encarecimiento de la vivienda, la precariedad laboral y las dificultades para emanciparse. Bruselas advierte de que las políticas públicas deben responder mejor a estos problemas y no concentrar el esfuerzo de forma desproporcionada en partidas que, según su análisis, no siempre benefician a los grupos con mayores dificultades de acceso a la renta.
Reequilibrio entre generaciones
Uno de los puntos más sensibles del informe es la referencia al gasto en pensiones. La Comisión sostiene que España destina una parte muy elevada de sus recursos a esta partida y que resulta necesario reforzar otras políticas con impacto directo en las generaciones más jóvenes. Según el análisis comunitario, los pensionistas cuentan con una renta per cápita superior a la de otros grupos y reciben múltiples beneficios, mientras que los jóvenes afrontan mayores obstáculos para construir una trayectoria laboral y vital estable.
Bruselas no plantea una eliminación de derechos, pero sí insiste en la conveniencia de revisar prioridades para que el gasto social sea más eficaz y tenga un mayor impacto sobre la igualdad de oportunidades. En esta línea, la Comisión pone el foco en las ayudas a la infancia, la formación, el acceso a la vivienda y las políticas activas de empleo.
Presión fiscal y revisión del IVA
El documento también examina la evolución del sistema tributario español. La Comisión señala que la participación de los impuestos sobre el trabajo en la recaudación fiscal ha aumentado en los últimos años, impulsada en buena parte por la no actualización de los tramos del IRPF conforme a la inflación y por el incremento de las cotizaciones sociales.
Este fenómeno ha elevado la presión fiscal sobre los trabajadores, especialmente en un periodo en el que los salarios han convivido con una subida generalizada de precios. Bruselas considera que esta tendencia refleja una dependencia creciente de la imposición sobre el trabajo.
Además, la Comisión vuelve a cuestionar el amplio uso de tipos reducidos de IVA en España. En particular, apunta a sectores como bares, restaurantes y hoteles, donde actualmente se aplica el tipo reducido del 10%. Bruselas sugiere revisar esta política y elevar el gravamen al tipo general del 21%, una medida que, según estimaciones citadas en el informe, podría incrementar la recaudación en hasta 7.000 millones de euros.
La recomendación abre un nuevo frente económico para el Gobierno, que deberá equilibrar las exigencias de consolidación fiscal con la protección social y el impacto que una subida del IVA podría tener sobre consumidores, empresas y actividad económica.
