El Ejecutivo español afronta un nuevo contratiempo en la gestión de los fondos europeos del programa Next Generation EU, tras confirmarse un retraso adicional en la evaluación del sexto desembolso. La situación incrementa la presión sobre el calendario y pone en duda la capacidad de España para acceder a la totalidad de los recursos disponibles antes de que expire el plazo a finales del verano.
El Gobierno dispone aún de 24.700 millones de euros entre transferencias y préstamos dentro del marco del plan de recuperación, pero la tramitación de una revisión presentada en marzo ha provocado una paralización administrativa que retrasa el proceso al menos dos meses. Esta circunstancia podría comprometer el acceso a cerca de 20.000 millones de euros que todavía no han sido solicitados.
La solicitud del sexto pago fue remitida el pasado 2 de marzo a la Comisión Europea, con una petición de 5.500 millones en ayudas directas y 1.000 millones en créditos. No obstante, la posterior modificación del plan de recuperación, registrada el 10 de marzo, ha obligado a suspender la evaluación hasta que los Estados miembros den su aprobación formal.
El visto bueno debe producirse en el marco del Ecofin, lo que retrasa el inicio del análisis por parte de Bruselas. A partir de ese momento, la Comisión contará con dos meses para emitir su evaluación, a los que se sumará un periodo adicional para la validación definitiva por parte de los Veintisiete. En el escenario actual, el desembolso podría no materializarse hasta el mes de julio.
Además, la revisión del plan incluye ajustes en hitos y objetivos vinculados tanto al sexto como al séptimo pago, lo que introduce incertidumbre sobre la cuantía final que recibirá España en este tramo.
Ante este contexto, el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez ha solicitado a Bruselas ampliar el plazo de acceso a los fondos entre seis meses y un año. Sin embargo, la Comisión ha rechazado esta petición y mantiene como fecha límite el cierre del verano, lo que obliga a acelerar los procedimientos si se quiere evitar la pérdida de financiación.
Este escenario evidencia los retos administrativos y estratégicos en la ejecución de los fondos europeos, considerados clave para impulsar la recuperación económica, la transformación digital y la transición ecológica. La evolución de los próximos meses será determinante para evaluar el grado de aprovechamiento de estos recursos y su impacto en la economía española.
