El Gobierno español ha respondido a las dudas suscitadas sobre las irregularidades financieras del pasado, y sobre cuáles serán las medidas para salvaguardar la economía nacional.
En la respuesta remitida al Congreso, el Gobierno le recuerda a las entidades financieras que serán sancionadas si no cumplen sus funciones de control de sus clientes, así como la de informar a las autoridades de las posibles operaciones ilícitas que estos realicen. Planteamiento que se refuerza con énfasis, ya que se considera un eslabón importante para lograr la depuración y estabilidad financiera.
Estas sanciones están basadas en la legislación para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo vigente, de la cual se derivan todas las obligaciones que deben cumplir las instituciones financieras en términos de control y supervisión de sus clientes; según el propio comunicado: “El cumplimiento de estas medidas es asimismo objeto de supervisión y, en caso de incumplimiento, sanción”.
Esta legislación estipula la obligación que tienen los bancos de identificar a sus clientes, conocerlos, y seguir sus operaciones con el objetivo de “detectar potenciales operaciones que pudieran tener indicios de sospecha de vinculación con actividades ilícitas”; en cuyo caso dichas entidades deben dar a conocer sus pesquisas al Servicio Ejecutivo para la Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarios (Sepblac). Dicho organismo de inteligencia financiera es el encargado de la redacción de informes que luego son remitidos a los diferentes cuerpos de seguridad del Estado o a la Fiscalía, según las características de cada caso.