El Gobierno estima que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) registrará unas pérdidas por valor de 116,9 millones de euros en el presente año, frente a la estimación negativa de 75,8 millones de euros del ejercicio 2017.
Así consta en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, presentado por el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro.
Los gastos de personal de la institución previstos para este ejercicio se situarán en 4,97 millones de euros, de los que 4,1 millones de euros se destinarán a sueldos y salarios, las mismas cantidades que en 2017.
En cuanto a otros gastos de explotación, en 2018 serán de 10,27 millones de euros, en línea con las estimaciones del ejercicio pasado, según detallan los PGE.
Los ingresos financieros del Frob, según estas previsiones, se situarán en 655.000 euros, cantidad que corresponderá íntegramente a ingresos de valores negociables y otros instrumentos financieros, mientras que los gastos financieros para 2018 se estiman en 119,8 millones de euros.
El endeudamiento del organismo presidido por Jaime Ponce será, de acuerdo con el proyecto de Presupuestos, de 15.439 millones de euros, es decir, menor al previsto para 2017, que era de 18.465 millones de euros, de acuerdo con los PGE del año pasado.
Días atrás, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) tiene previsto continuar con la estrategia actual de privatizar Bankia mediante la colocación de paquetes accionariales en el mercado cuando se abran ventanas de oportunidad, si bien el organismo público contempla la posibilidad de incrementar el tamaño de las operaciones.
El calendario actual apunta a que la próxima ventana de colocación se podría abrir en el próximo mes de mayo, una vez Bankia haya comunicado sus resultados correspondientes al primer trimestre de 2018, ya que a partir del 31 de marzo comenzará el periodo de ‘black out’ y no se prevé que se efectúe una operación antes de Semana Santa, según distintas fuentes del mercado consultadas por Europa Press.
El ritmo actual de desinversión, con dos colocaciones de en torno al 7% del capital efectuadas en febrero de 2014 y en diciembre de 2017, no es suficiente para cumplir con el objetivo de completar la privatización de la entidad antes del plazo fijado, que expira en diciembre de 2019.