La Comisión Europea ha autorizado el fondo de 10.000 millones del Gobierno para ayudar a empresas viables con problemas de solvencia, derivados de la crisis provocada por la Covid-19, al considerar que la iniciativa se ajusta a las normas temporales aprobadas por la UE en materia de ayudas de Estado.
En particular, Bruselas ha destacado que las ayudas para la recapitalización estarán a disposición de las empresas «únicamente si no hay otra solución disponible y si la intervención redunda en interés común», ha informado la institución en un comunicado.
Además, los servicios de Competencia del Ejecutivo comunitario han valorado que la ayuda se limita a la cuantía necesaria para garantizar la viabilidad de las firmas beneficiarias y para «restablecer su posición de capital previa a la pandemia del coronavirus».
En tercer lugar, la Comisión Europea ha subrayado que las ayudas a la recapitalización «garantiza una remuneración adecuada al Estado» e «incentiva a los beneficiarios o sus propietarios para que reembolsen las ayudas cuanto antes», incluida la prohibición de distribuir dividendos y de abonar primas a los directivos.
Otro aspecto que ha contribuido a la decisión de Bruselas ha sido el hecho de que incluya disposiciones para evitar que las empresas que se beneficien del fondo «no aprovechen indebidamente la ayuda pública a la recapitalización en detrimento de la competencia leal en el mercado único» y que establezca salvaguardias como la prohibición de adquisiciones para expansiones comerciales agresivas.
Por otro lado, con respecto a las ayudas de instrumentos de deuda subordinada, el Ejecutivo comunitario ha destacado que las ayudas deberán cumplir con las condiciones «más estrictas» de las normas temporales europeas si las intervenciones superan los límites fijados sobre el volumen de negocios y sobre la masa salarial de las empresas.
Por todos estos motivos, el Ejecutivo comunitario ha concluido que el fondo para la solvencia propuesto por el Gobierno es «necesario, adecuado y proporcionado para poner remedio a una grave perturbación en la economía».
La semana pasada, la Comisión Europea (CE) concluyó las negociaciones con la farmacéutica francesa Sanofi para firmar un acuerdo que garantice a la Unión Europea (UE) el acceso a 300 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 que está desarrollando esta empresa.
El objetivo de estas «conversaciones exploratorias» es cerrar un trato de compra anticipada por el que la Comisión financiaría por adelantado una parte del coste de producción de la vacuna a cambio de tener derecho a obtener dosis de la misma cuando esté lista.
«Se espera que, una vez que la vacuna haya demostrado ser segura y efectiva contra la COVID-19, la Comisión tenga un marco contractual para la compra de 300 millones de dosis en representación de todos los Estados miembros», ha indicado el Ejecutivo comunitario en un comunicado.