La Comisión Europea ha dado luz verde al sexto desembolso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para España, con un importe global de 7.021 millones de euros. Sin embargo, la aprobación no es completa: Bruselas mantiene en suspenso 537 millones al no haber podido concluir todavía la evaluación de tres objetivos vinculados a inversiones en formación profesional bilingüe, servicios de teleasistencia y apoyo a colectivos vulnerables, emprendimiento y microempresas.
La cifra de 7.021 millones incluye 5.970 millones en transferencias y 1.051 millones en préstamos. Dentro del bloque de transferencias se incorporan además 302 millones que permanecían retenidos del quinto pago y que ahora han sido desbloqueados tras la validación de avances en digitalización de entidades regionales y locales, así como en parte de la reforma fiscal.
El Gobierno prevé que el ingreso llegue a las arcas públicas en las próximas semanas, una vez culminen los trámites comunitarios. Tras este abono, España habrá recibido más de 77.000 millones de euros, equivalentes al 76% de los fondos asignados dentro del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Los 537 millones no están perdidos, pero quedan pendientes de una nueva evaluación
La retención de los 537 millones no supone, por el momento, una pérdida definitiva de recursos. La Comisión Europea ha dejado esos importes suspendidos mientras se aclaran los criterios de evaluación de los tres objetivos pendientes, por lo que España deberá presentar una adenda técnica para reformularlos e incorporarlos en la solicitud del séptimo y último desembolso.
La diferencia es relevante: Bruselas no ha cerrado la puerta a liberar los fondos, pero exige una acreditación más precisa sobre el cumplimiento de las inversiones comprometidas. El Ejecutivo español sostiene que se trata de una cuestión técnica y trabaja ya con las instituciones comunitarias para aclarar la documentación y los indicadores necesarios.
La aprobación parcial del sexto pago reconoce, no obstante, avances relevantes en reformas e inversiones. Entre ellos destacan la Ley de Movilidad Sostenible, la creación de Casa47 como entidad estatal vinculada a la vivienda asequible, la ampliación de los permisos de nacimiento y cuidado y distintas actuaciones relacionadas con la descarbonización, la digitalización y la transformación industrial.
El paquete validado incluye inversiones por 2.242 millones de euros destinadas a la transformación industrial, canalizadas en buena parte mediante los proyectos estratégicos PERTE. También contempla actuaciones en conectividad, ciberseguridad, movilidad eléctrica y modernización de servicios públicos.
España afronta el tramo decisivo antes del último desembolso
La decisión de Bruselas llega en una fase decisiva para el Plan de Recuperación. El Gobierno prepara ya la séptima y última solicitud de pago, que implicará la revisión de 146 hitos y objetivos. La culminación del programa exigirá acelerar la ejecución de inversiones, justificar los compromisos pendientes y resolver las cuestiones todavía abiertas con la Comisión Europea.
El calendario es especialmente exigente. Las reformas e inversiones vinculadas al Mecanismo de Recuperación deben estar completadas antes del 31 de agosto, mientras que la última solicitud de pago deberá elevarse a Bruselas antes de que finalice septiembre. El reto no será solo aprobar normas o lanzar convocatorias, sino acreditar que los proyectos han alcanzado los objetivos pactados con la Unión Europea.
El sexto desembolso confirma que España mantiene una posición avanzada en la recepción de fondos europeos, pero también refleja la complejidad de la recta final. La liberación de los 537 millones dependerá ahora de la capacidad del Ejecutivo para reformular los objetivos pendientes y demostrar ante Bruselas que las inversiones asociadas cumplen plenamente con los criterios exigidos.
