Según el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, la OEP 2024 creará 9.102 empleos netos, de los que 4.940 serán plazas adicionales en sectores prioritarios y otras 4.162 más utilizando instrumentos de planificación para dotar de nuevos servicios públicos a la ciudadanía.
Dentro de este capítulo se encuentran las 1.098 plazas para Seguridad Social, Base Logística Defensa, Aesia, Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), Museo del Prado y Puertos del Estado.
Además, se cubrirán las 11.738 bajas de 2023 con nuevos empleados, según informa Función Pública.
La OEP 2024 reserva 3.147 plazas para el turno de discapacidad, de las que 629 son para personas con discapacidad intelectual.
CONVOCATORIAS PARA PERSONAL INDEFINIDO-NO FIJO POR SENTENCIA JUDICIAL
La oferta de empleo público mantiene este año la tasa de reposición, pero el Gobierno ha asegurado que la eliminará para la OEP de 2025.
«La oferta de 2024 se ha construido utilizando todos los instrumentos de los que la actual normativa presupuestaria dispone para superar el mecanismo de la tasa de reposición», afirma el Ejecutivo en la exposición de motivos de la norma.
Así, además de las 16.678 plazas que derivan de la tasa de reposición para compensar y superar la pérdida de efectivos del ejercicio anterior, la oferta añade 1.098 plazas para garantizar el correcto funcionamiento de nuevos servicios y 3.064 plazas correspondientes a la tasa específica que puede autorizar cada Administración para cumplir con el objetivo de evitar que la temporalidad supere el 8% en las administraciones públicas.
Según el Gobierno, las ofertas de empleo público desde 2021 han generado durante tres años consecutivos empleo neto, «superando la mera reposición de efectivos en más de un 40%, lo que ha permitido frenar y revertir el proceso de envejecimiento de las plantillas».
El Ejecutivo defiende además que la OEP 2024 «consolida la ambiciosa apuesta por la creación neta de empleo público», con un total de 20.840 plazas de ingreso libre, sobrepasando en un 43% la reposición de la pérdida de efectivos del ejercicio anterior.
Asimismo, subraya que la continuación de las medidas de acumulación en las nuevas convocatorias de las plazas desiertas en convocatorias anteriores va a permitir incluir en estas convocatorias más de 3.000 plazas adicionales provenientes de anteriores ofertas de empleo.
La norma establece además que se podrán convocar, sin que computen a efectos de la tasa de reposición, las plazas correspondientes al personal declarado indefinido no fijo por sentencia judicial.
AGILIZACIÓN DE LOS PROCESOS SELECTIVOS
Las ofertas de 2022 y 2023 introdujeron medidas dirigidas a agilizar los procesos selectivos, avanzar en la profesionalización de los órganos de selección, democratizar el acceso al empleo público y potenciar la promoción interna y, según asegura el Gobierno, la oferta de empleo público para 2024 «continúa y refuerza esta senda».
En este sentido, se recuerda que las convocatorias deberán publicarse en el mismo año natural de la publicación en el BOE de la oferta de empleo público en la que se incluyan las plazas. Las convocatorias deberán ejecutarse en el plazo máximo de dos años desde su publicación, y las respectivas fases de oposición en un año, salvo causa motivada. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo de la siguiente, el plazo máximo a transcurrir será de 45 días naturales.
Para asegurar la agilización de los procesos, se tratará de que la fase de oposición tenga un máximo de cuatro pruebas, salvo causa justificada. Asimismo, se incluirán pruebas de tipo práctico.
Las convocatorias que prevean la realización de un curso selectivo y/o de un periodo de prácticas, deberán establecer la duración máxima de los mismos que, con carácter general, no podrán exceder, en su conjunto, de seis meses.
Los departamentos ministeriales y organismos públicos convocantes utilizarán los medios informáticos y telemáticos disponibles para agilizar las convocatorias y el desarrollo de los procesos selectivos y adoptarán medidas concretas en orden a la reducción de cargas administrativas.
En aquellos procesos selectivos en los que existan pruebas físicas, se establecerán baremos diferentes para mujeres y hombres, cuando la naturaleza de las pruebas lo requiera o exista alguna justificación legítima y proporcionada del diferente trato.
