El Vaticano ha creado una Ley de Contratos Públicos, para prevenir la corrupción y lograr ahorros en medio de un contexto marcado por el brote del coronavirus.
El Papa Francisco fue elegido en el año 2013 para ordenar las finanzas vaticanas, una reforma que se ha topado con la oposición de varios “dicasterios” (ministerios), que gestionan sus fondos de forma autónoma.
Los analistas han señalado que un marco para los contratos y los concursos públicos con normas internacionales transparentes, con vistas a una mejor administración de los recursos, es toda una revolución en el Vaticano.
La iniciativa del Papa sobre “la transparencia, el control y la concurrencia en los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos estipulados por cuenta de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano” centralizará y planificará mejor los gastos, al ponerlos en manos de dos autoridades administrativas.
En su introducción, el Papa Francisco ha señalado que esta nueva Ley permitirá “reducir considerablemente el peligro de la corrupción”.
En la web del Vaticano reseñan que esta legislación “retoma la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción firmado (en 2003) en Mérida y sustituye las normas precedentes en vigor en la APSA (Administración Patrimonial de la Sede Apostólica) y en la Gobernación de la Ciudad del Vaticano” y que ahora se aplica a todos los entes de la Santa Sede.
La lucha contra la corrupción en el mundo es uno de los principales objetivos del pontificado de Francisco.
Giuseppe Pignatone, el presidente del Tribunal del Vaticano y especialista de la lucha contra la mafia, ha destacado que esta Ley busca realizar “importantes ahorros” gracias a la competitividad entre empresas. Además, ha agregado que “el tema de la reducción de costos es muy actual e importante en este momento (…) de graves dificultades económicas para todo el mundo y también para la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano”.
Los Museos del Vaticano, que atraen a siete millones de turistas, reabrieron el lunes. Su cierre desde el pasado 8 de marzo ha acentuado los problemas financieros de la Santa Sede.