El Gobierno de España ve con buenos ojos la propuesta de la Comisión Europea para establecer «un mecanismo de ajuste en frontera», o ‘Border Carbon Tax‘ con el fin de penalizar a las empresas de terceros países de la Unión Europea mas contaminantes
Así lo reconoce el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria al diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, que había preguntado la razón por la que no se había trasladado esta necesidad «en defensa de la industria española».
En su respuesta, el Gobierno aclara que «apoya la introducción y el diseño de esta figura», pero que «todavía está por definir en sus detalles», y que «debe ser estudiada y definida con detenimiento con el fin de asegurar su plena compatibilidad con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC)».
«Además, no debe ser considerada como un instrumento recaudatorio, sino como un medio para restablecer la competencia leal a nivel internacional (‘level playing field’), apostilla el Gobierno, sobre una propuesta que, considera, «supondría un cambio en la política medioambiental europea actual».
En este sentido, afirma el Gobierno que «un arancel sobre las importaciones de carbono de este tipo podría contribuir a la reducción efectiva de las emisiones de CO2 y a que las empresas europeas puedan competir, especialmente en el Mercado Interior comunitario, en las mismas condiciones que otras empresas ubicadas en terceros países».
Así, explica que esta tasa «obligaría a los terceros países a considerar el coste de regulaciones medioambientales menos restrictivas (‘dumping medioambiental’), y a adoptar acciones orientadas a disminuir la huella de carbono».
