La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha insistido en que los pensionistas mantendrán su poder adquisitivo en el medio y el largo plazo con su propuesta de modificación del cálculo de la revalorización anual gracias a la desindexación de precios que el Gobierno pretende aprobar y que permitirá contener la inflación.
Así lo ha señalado durante su comparecencia ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo del Congreso, donde Báñez ha explicado el proyecto de ley de reforma de las pensiones que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes, y que incluye la sustitución del IPC por un nuevo índice de revalorización anual de las pensiones en función de los ingresos y gastos del sistema.
Ante la crítica mayoritaria de la oposición y los agentes sociales de que este cambio provocará un empobrecimiento de los pensionistas y una pérdida de poder adquisitivo acumulada, Báñez ha vuelto a defender que el establecimiento de un suelo del 0,25% en el sistema «blindará» a las cuantías contra congelaciones o bajadas como las que el PSOE estaría «dispuesto a hacer» en situación de crisis.
«Nos preocupa que la cuantía de las pensiones sea adecuada, suficiente y periódicamente actualizada. Pero que en situaciones excepcionales de crisis pueda haber una pérdida de poder adquisitivo no es incompatible con que en situaciones de normalidad y crecimiento haya un incremento», ha señalado, reclamando datos «rigurosos» que demuestren la pérdida de capacidad de compra que denuncia la oposición.
Además, ha asegurado que en el medio plazo se mantiene el poder adquisitivo gracias a que cuando haya crecimiento se podrán revalorizar hasta un 0,25% por encima del IPC y a medidas como la Ley de Desindexación en la que trabaja el Ejecutivo que, al desvincular la actualización de los precios públicos del IPC, contribuirá a contener la inflación, lo que permitirá que «las pensiones vean incrementado el poder adquisitivo con incrementos menores de cuantía».
«En épocas de bonanza España ha experimentado crecimientos de la inflación superiores a los de otros socios europeos, lo que pone de relieve problemas estructurales y desequilibrios económicos. Por eso la política de este Gobierno está dirigida a facilitar la contención del alza de precios y a eliminar ese diferencial de inflación o incluso reducirlo. Así, la garantía de un mayor poder adquisitivo en el tiempo es la contención de precios», ha insistido la ministra.
Báñez también ha defendido la necesidad de «no sacralizar el uso de un índice específico» -en este caso, el IPC-, sobre todo cuando «la realidad ha puesto de manifiesto que resulta imposible de cumplir cuando las cosas no van bien», como demuestra la congelación de 2011. «¿Por qué se hizo? Porque las decisiones en pensiones no pueden sostenibles o financiables sólo uno o dos años, sino a lo largo del tiempo. Son gastos consolidables e incrementables, nunca se paran ni retroceden», ha recordado.
Esto obliga a los poderes públicos a «pensar en los derechos futuros que hoy se generan» y no «limitarse a satisfacer demandas presentes». «No es suficiente pagar las pensiones de hoy, que se puede hacer sin demasiados problemas. Lo importante es cómo hacemos para que haya garantías de su pago mañana a quienes están cotizando ahora», ha insistido.
Así, la titular de Empleo ha afirmado que hasta ahora el sistema ha sido viable porque «en su día se tomaron decisiones» como crear el fondo de reserva o separar las fuentes de financiación, pero «asegurar que siga siéndolo en el futuro» depende de que se tomen decisiones «con tranquilidad».
«Por eso se hace esta propuesta diciendo a los españoles que tenemos un problema pero que lo podemos resolver. Es la hora del debate y de las propuestas, y estamos abiertos al diálogo constructivo» con grupos políticos y agentes sociales, ha insistido, manteniendo no obstante la previsión de que la ley esté aprobada antes de fin de año.
En cualquier caso, Báñez ha insistido en que el nuevo índice tiene en cuenta los gastos e ingresos del sistema y que se puede hablar «de todo» pero siempre «con responsabilidad y rigor» y «alejado de intereses partidistas y electorales». Siempre sin perder de vista que entre 2014 y 2022 se prevé un gasto superior a los 1,37 billones de euros, lo que situará la ratio con respecto al PIB más cerca de la media europea, ante la llegada de los jubilados del ‘baby boom’, que tendrán pensiones más altas y durante más tiempo.
Por eso, no hacer reformas es «el camino rápido y seguro para la pérdida de poder adquisitivo» de las pensiones y es necesario «tomar decisiones que configuren la Seguridad Social como un edificio sólido, estable y seguro, capaz de anticiparse a los desafíos gobierne quien gobierne» porque pensionistas «los hay de todos los colores políticos».
En este punto, ha renovado su compromiso «inequívoco» con un sistema de pensiones «público de reparto, contributivo y de solidaridad intergeneracional», y ha señalado que los retos económicos y demográficos justifican la creación de un factor de sostenibilidad que vincule la cuantía inicial de la pensión a la esperanza de vida en el momento de la jubilación.
Este nuevo factor, que entrará en vigor en 2019, vinculará la cuantía inicial con la esperanza de vida a los 67 años prevista por la Seguridad Social en el momento de entrar en el sistema, dato que se revisará cada cinco años teniendo en cuenta un periodo de once ejercicios. «Este factor no afectará en ningún caso a la pensión mínima, que seguirá siendo complementada de acuerdo con lo que año a año diga el Presupuesto», ha precisado la ministra.
De esta manera, se adecuará «automáticamente» la cuantía que los pensionistas reciben «en atención al mayor tiempo» de cobro, y se garantizará que pensionistas de diferentes generaciones perciban cantidades equivalentes por cotizaciones similares. «Será suficiente con que la base media de cotización crezca por encima del efecto de esa diferencia de vida sobre la cuantía de la pensión para que la pensión media real aumente», ha señalado.
En este punto, la ministra ha señalado que garantizar la sostenibilidad de las pensiones en el largo plazo requiere de «dotar al sistema de mecanismos que lo sostengan», lo que a su entender no hace la reforma que el Ejecutivo socialista aprobó en 2011 por sí sola.
«Así como nos parece razonable que la evolución de los salarios se adapte a la evolución de la empresa, es razonable que la pensión dependa también de la evolución financiera del sistema. Así se garantizará que el sistema sea financiable en el tiempo», ha defendido la ministra, recordando no obstante que cualquier mejora en la productividad de la economía o la recuperación del empleo también repercutirá en un incremento de los ingresos y que en eso trabaja también el Gobierno.
Finalmente, ha asegurado que la reforma se está haciendo «con transparencia» y que los índices propuestos aportarán «tranquilidad» porque supondrán un actualización automática y previsible de las cuantías, evitando así decisiones bruscas en función del ciclo y también consumir anticipadamente el fondo de reserva, lo que obligaría a acudir a un préstamo del sistema financiero.
En este sentido, el ahorro previsto de 33.000 millones de euros hasta 2022 «es un ahorro en los desequilibrios del sistema y no en la cuantía de las pensiones». «No se trata de recortar sino de contribuir a un reparto equilibrado en las aportaciones y prestaciones que se pueden obtener», ha dicho.