Los empresarios canarios no quieren más recortes

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Sebastián Grisaleña, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) cree que “no es justo” que se obligue a Canarias a recortar otros 120 millones de euros en sus presupuestos para 2013 con los nuevos objetivos de deuda, ya que la región ha hecho sus “deberes”.

Grisaleña ha indicado que el Estado “debe hacer los ajustes necesarios porque es su obligación y porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”, pero debe tener en cuenta que, mientras que otras comunidades autónomas se han “disparatado”, Canarias ha hecho sus deberes, ha insistido.

Ha advertido de que el Gobierno canario para este nuevo ajuste -que no sabe cómo va a aplicar- tendrá que proceder a recortes internos en todas las áreas, que se verán afectadas de “manera brutal”.

A su juicio, las islas “ya no se pueden apretar más el cinturón”, pues Canarias ha hecho ya unos recortes “enormes” en sus presupuestos, ha creado impuestos directos e indirectos que encarecerán la vida de manera importante, y que repercutirán en una menor recaudación porque el consumo prácticamente no existe.

El recorte a las comunidades autónomas debe ser en proporción al esfuerzo efectuado por mantener unos presupuestos coherentes, ha considerado Grisaleña, quien además ha calificado de “cobardía” la postura adoptada tanto por Cataluña como por Andalucía.

La primera por no asistir a la reunión de la Consejo de Política Fiscal y Financiera y la segunda por marcharse antes de que concluyera, ha añadido.

Estas dos comunidades debieron estar y denunciar lo que no era justo, como hicieron Asturias y Canarias, que votaron en contra, ha manifestado Grisaleña, quien ha expresado su “gran preocupación” por la decisión del ministro de Economía y Hacienda, Cristóbal Montoro.

Ha reiterado que Canarias debe tener un trato diferenciado de la España peninsular por su situación de lejanía y porque el Estado conoce las dificultades que atraviesa.

El paro en la provincia de Las Palmas afecta a más del 36 por ciento de su población activa, y en el archipiélago al 33,32 por ciento, y “esto es lo primero que tiene que ver el Gobierno”, según Grisaleña, quien entiende que Canarias precisa de más ayuda y colaboración por parte del Estado.

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