El proceso extraordinario de regularización de migrantes afronta una fase decisiva con una elevada carga administrativa y una capacidad de tramitación que, según denuncia la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), resulta insuficiente para atender el volumen de solicitudes registrado.
El sindicato sostiene que cerca de 1,2 millones de expedientes deberán ser revisados por alrededor de 50 funcionarios adscritos a la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería de Vigo, conocida como UTEX. A esta situación se suma que, a pocas horas del cierre del procedimiento, todavía quedaban por incorporar a la plataforma telemática Mercurio los datos de aproximadamente 500.000 solicitudes.
CSIF advierte de que la acumulación de expedientes puede ralentizar de forma considerable la resolución de los casos y reclama al Gobierno un refuerzo inmediato de personal para evitar que el sistema termine bloqueado. La organización considera que el número de peticiones ha superado las previsiones iniciales y que la Administración necesita una respuesta extraordinaria para gestionar la fase de revisión documental.
El visto bueno final depende del personal funcionario
La unidad encargada de tramitar los expedientes cuenta, según el sindicato, con el apoyo de unas 150 personas de Tragsa y Tragsatec. Sin embargo, CSIF subraya que la resolución definitiva de cada solicitud corresponde a un funcionario, que debe comprobar los requisitos exigidos, verificar fechas, revisar la permanencia de los solicitantes y contrastar los datos disponibles antes de emitir una decisión.
El sindicato alerta de que este procedimiento exige un trabajo individualizado que no puede resolverse únicamente con apoyo administrativo externo. Por ello, considera que la plantilla actual no sería suficiente para responder en plazo a una demanda de tal magnitud.
La preocupación se centra también en el límite legal para resolver las solicitudes. CSIF recuerda que el plazo establecido es de tres meses y advierte de que la falta de capacidad administrativa podría provocar retrasos relevantes. En ese contexto, el sindicato plantea el riesgo de que algunas peticiones puedan verse afectadas por una resolución desfavorable derivada del silencio administrativo, si no se adoptan medidas para acelerar el proceso.
Entre las alternativas analizadas figura la participación voluntaria de personal de las Oficinas de Extranjería fuera de su jornada habitual para introducir en Mercurio los expedientes que aún no han sido grabados. Según CSIF, esta fórmula contemplaría una compensación de 10 euros por expediente, aunque el gasto asociado, estimado en unos cinco millones de euros, aún requeriría autorización.
Las oficinas de documentación, bajo presión
La organización sindical avisa de que la presión no terminará con la resolución de los expedientes. Las oficinas de documentación de la Dirección General de la Policía deberán emitir posteriormente las Tarjetas de Identidad de Extranjero (TIE) de las personas cuya situación sea regularizada.
CSIF denuncia que estas dependencias ya afrontan fallos recurrentes en las aplicaciones informáticas y plantillas ajustadas, una circunstancia que podría agravarse durante el verano por las vacaciones y por la elevada demanda de DNI, pasaportes y documentación de extranjería.
Por este motivo, el sindicato reclama la incorporación urgente de los 504 funcionarios interinos solicitados por la Dirección General de la Policía, además de una solución estable para los problemas informáticos y un plan de refuerzo a escala nacional. La organización sostiene que, sin estas medidas, numerosas oficinas podrían enfrentarse a una situación de saturación durante los próximos meses.
