Los servicios públicos de empleo en España han registrado en 2025 uno de sus peores resultados de la última década en términos de intermediación laboral. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), únicamente 319.700 asalariados encontraron trabajo a través de estos organismos, lo que representa un descenso del 9,8% respecto al año anterior y apenas el 1,7% del total del empleo por cuenta ajena.
El retroceso se produce tres años después de la aprobación de la Ley de Empleo impulsada para reforzar el papel de las políticas activas de empleo y acercar su eficacia a la de países como Alemania o Francia. Sin embargo, las cifras actuales reflejan que la intermediación pública continúa teniendo un peso limitado en el mercado laboral español.
Las ETT amplían la brecha en intermediación laboral
Mientras los servicios públicos de empleo pierden protagonismo, las empresas de trabajo temporal (ETT) consolidan su papel como canal de acceso al empleo. En 2025 facilitaron la contratación de 726.100 trabajadores, lo que supone más del doble que los organismos públicos y un 3,9% del total de asalariados.
Esta diferencia amplía la brecha entre ambos sistemas hasta un 127%, el mayor diferencial registrado en la serie histórica. El dato resulta especialmente relevante teniendo en cuenta que la normativa laboral vigente prioriza la contratación indefinida frente a la temporal, un factor que, en teoría, podría haber limitado la actividad de las ETT.
No obstante, la introducción de la figura del fijo discontinuo permitió a estas compañías adaptarse al nuevo marco regulatorio y mantener su capacidad de intermediación.
La eficacia de las políticas activas de empleo
El descenso en la intermediación pública no responde a una reducción del desempleo. De hecho, en 2007, con una tasa de paro históricamente baja, los servicios públicos lograron colocar a más de 543.000 trabajadores, el 3,2% del total de asalariados. La comparación evidencia el margen de mejora existente en el sistema actual.
Aunque desde los servicios autonómicos y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se subraya que su actividad incluye también formación, orientación y recualificación profesional, la percepción de los trabajadores sigue asociando su eficacia principalmente a la intermediación directa.
El empleo sénior gana peso
Uno de los cambios más relevantes observados en 2025 es el incremento del peso de los trabajadores mayores de 45 años entre quienes acceden a un empleo a través de los servicios públicos. Este colectivo representa ya el 57,3% del total, el porcentaje más elevado registrado hasta la fecha.
También destaca la elevada presencia femenina: el 58% de los trabajadores colocados mediante oficinas públicas son mujeres, lo que confirma la orientación de estas políticas hacia colectivos con mayores dificultades de inserción laboral.
En paralelo, las ETT mantienen una mayor eficacia incluso entre los trabajadores sénior, a pesar de que su actividad se concentra en contratos temporales o fijos discontinuos.
La colaboración público-privada
Históricamente, las reformas del sistema de empleo han defendido la colaboración entre servicios públicos y operadores privados como vía para mejorar la eficacia del mercado laboral. Sin embargo, los datos actuales muestran que la suma de ambas vías apenas alcanza el 5,6% del empleo asalariado total.
Este porcentaje refleja que, pese a su relevancia estratégica en la activación laboral, la intermediación, tanto pública como privada, continúa teniendo un papel secundario en la creación directa de empleo en España.
