El Gobierno ha iniciado los trámites necesarios para que este año pueda entrar en vigor una nueva ley de cajas de ahorro, que obligará previsiblemente a todas estas entidades a convertirse en fundaciones bancarias antes de finales de 2014.
Si se aplica la normativa, tan solo las cajas de Pollença y Ontinyent se quedarán como cajas de ahorros al uso. El resto, entre las que se encuentran Ibercaja, Unicaja, La Kutxa y La Caixa, deberán convertirse en fundaciones bancarias.
Esto se justifica porque ya no podrá existir el concepto de caja con negocio transferido a un banco para aquellas entidades con un volumen de activos superior a 10.000 millones. Además, estarán dirigidas por un patronato que tendrá un máximo de 20 miembros, que no podrán sentarse en el consejo de la entidad financiera participada.
El Estado incrementará su nivel de competencia a medida que la caja aumente su presencia en el banco. Así, si la caja posee menos de un 30%, el Estado solo tendrá competencia sobre el gobierno corporativo; si posee entre el 30 y el 50%, el supervisor también deberá analizar la participación bancaria, y si supera el 50%, la capacidad de control del Banco de España será «máxima».
Las fundaciones bancarias que posean una participación igual o superior al 30% en una entidad de crédito o que les permita el control de la misma deberán de acordar un protocolo de gestión de la participación financiera y tendrán que presentar el plan financiero ante la institución que dirige Luis María Linde.
En el caso de que posean del 50% en adelante, tendrán que preparar el plan financiero, crear el fondo de reserva y, además, elaborar un plan de diversificación de inversiones y de gestión de riesgos «que deberá incluir el compromiso para que la inversión en activos emitidos por una misma contraparte no supere los porcentajes máximos sobre el patrimonio total que determine el Banco de España».
También determina que las cajas que tengan una participación en una entidad de crédito superior al 10% deberán transformarse en fundación bancaria con finalidad social y cuya actividad irá orientada a la atención y desarrollo de la obra social.
La ley marca que tendrán que convertirse aquellas entidades con un activo superior a 10.000 millones de euros o con una cuota de instalación del 35%. El plazo de transformación que se establece para estos supuestos es de cinco meses, lo que implica que para mayo o junio de 2014 el nuevo sistema de cajas de ahorro ya estaría completado.
Por otro lado, en el caso de las cajas que existen en sentido estricto, Pollensa y Ontinyent, quedarán abocadas a dedicarse exclusivamente al negocio minorista, tener presencia en una única comunidad o como mucho en diez provincias limítrofes.