La revista Panorama Social, publicada por la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), analiza en su número 17 las diferentes facetas de la ciudadanía europea, y su apoyo a la UE en el actual contexto de crisis.
Entre 2007 y 2012, el porcentaje de ciudadanos europeos que confía en la UE ha caído 24 puntos porcentuales, según datos del Eurobarómetro. Aunque este deterioro se ha producido sin excepción en todos los estados miembros, ha sido mucho más acusado en los países del sur de Europa, más golpeados por la crisis. Y especialmente en España, donde el porcentaje de ciudadanos que confía en la UE ha pasado del 74% en 2007 al 23% en 2012, un descenso de 51 puntos porcentuales, el mayor de toda la UE. La caída fue particularmente drástica en 2012.
A pesar de ello, continúa siendo mayoritario el porcentaje de quienes consideran positiva la pertenencia de España a la UE (un 55%).
Según el artículo de Mariano Torcal, el deterioro del apoyo de la ciudadanía a la Unión Europea se debe a la valoración negativa de las instituciones que la representan, más que a los efectos concretos de la crisis sobre las economías domésticas. Nos hallamos, según el autor, ante una crisis institucional, ya que los ciudadanos europeos consideraran las instituciones europeas incapaces de dar respuesta a los problemas que ha puesto de manifiesto la crisis, y esa falta de confianza institucional ha derivado en el desgaste de imagen de la UE.
Frente al deterioro generalizado de la confianza, el sentimiento de identidad europea y el apego de los ciudadanos hacia la UE se ha visto menos afectado por la crisis económica e incluso se ha reforzado en algunos países, como Luxemburgo, Holanda o Finlandia.
Sin embargo, como refleja el trabajo elaborado por Marta Paradés, Teresa Mata y Santiago Pérez-Nievas, las reservas de lealtad al proceso de integración europea no son inagotables y la prolongación de la crisis económica e institucional podría llegar a socavar la legitimidad misma de la UE como proyecto supranacional.
El debilitamiento de la imagen de la UE se ha producido a pesar de los esfuerzos de las instituciones comunitarias para hacer realidad derechos de ciudadanía supranacionales, como indica Willem Maas a través de un recorrido por la historia de la ciudadanía europea.
Los derechos de los ciudadanos de la UE y los avances en la participación ciudadana también son objeto de estudio en este número de Panorama Social. Joaquín Sarrión y Traute Meyer analizan en sendos artículos el derecho de libre circulación, y Yolanda Gómez y José Carlos Cano destacan en sus trabajos dos mejoras significativas en lo que se refiere a la participación de los ciudadanos de la UE. Por un lado, Gómez trata la regulación del derecho de iniciativa ciudadana, en virtud del cual los europeos pueden solicitar a la UE la propuesta de un texto legislativo en alguno de sus ámbitos de competencia.
Cano, por su parte, recoge en su artículo diferentes iniciativas orientadas a mejorar el acceso de los ciudadanos a la información sobre la labor de las instituciones europeas, prestando especial interés al Registro de Transparencia.
Por su parte, Ignacio Molina señala que la crisis ha erosionado la legitimidad democrática de la UE. Para Molina, el intento de reforzar la legitimidad en la toma de decisiones se hará mediante un juego tenso entre las instituciones europeas y nacionales, en el que los parlamentos intentarán imponerse.
Un peso excesivo de la influencia de los parlamentos nacionales puede provocar desequilibrios políticos peligrosos en algunos estados miembros, por lo que se debería reforzar el papel de las instituciones comunes para lograr que los ciudadanos del sur conecten mejor con la toma de decisiones europeas.
Según Javier Ramos, la crisis ofrece a la UE una oportunidad para definir su sentido como proyecto político. Ramos aboga porque la UE defienda hacia el exterior un modelo económico que ha supuesto durante décadas bienestar y cohesión social para sus ciudadanos y que puede contrarrestar consecuencias indeseadas de la globalización, como la precariedad laboral, el deterioro medioambiental o el aumento de poder económico y político del sector financiero.
Por último, Stefanie C. Müller y Anne-Marie Reynaers analizan en sus respectivos artículos los diferentes aspectos de la cultura política de alemanes y holandeses, que darían explicación en parte a su posición frente a la gestión de la crisis del euro, y en concreto, a sus reticencias frente a determinadas medidas, como la mutualización de la deuda.