16 de mayo 2011
El Ministerio de Trabajo ha establecido que serán necesarios 700 millones de euros, procedentes de los Servicios Públicos de Empleo, para que las cajas de ahorros realicen su ajuste. Es la cantidad total de prestaciones por desempleo desde 2010 a 2014. Sería un añadido a las ayudas directas del Gobierno procedentes del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
El plan de reestructuración de las cajas de ahorros ha convertido las 45 entidades en 18 grupos financieros, a través de diversos métodos como fusiones, intervenciones o subastas.
En 2008, las cajas contaban con 25.000 oficinas y aproximadamente 135.000 empleados. Desde entonces, se han cerrado más de 2.400 oficinas y el personal de las cajas ha disminuido en 9.000 personas. El informe Nota sobre impacto en el sistema de protección por desempleo de reestructuración de las cajas de ahorro estima que el número de trabajadores que perderán su puesto en la reforma será de 13.000. Sin embargo, desde el sector financiero se calcula que serán finalmente de 20.000 a 25.000 personas las que pierdan su puesto en el proceso.
Además, hay que sumar las características propias de las personas afectadas por los despidos. En su mayoría, se tratan de personas mayores de 50 años, contribuyentes al sistema de pensiones y con altas bases de cotización durante períodos largos. Esto significa que a la indemnización propia del proceso, hay que añadir los tributos de desempleo máximos durante dos años y sus consiguientes cuotas sociales. Con todas estas premisas, cada desempleado procedente de las cajas de ahorros supondrá un gasto del sistema de desempleo de casi 54.000 euros. De esta forma, el gasto público indirecto de las cajas asciende a los mencionados 700 millones.
Más aún, el cálculo de las prejubilaciones es de 250.000 y 300.000 euros por persona, cantidad procedente, en muchos casos, del FROB.
Desde la reforma del sistema financiero, se han llevado a cabo 12 expedientes de regulación de empleo, de las cuales sólo una ha sido rechazada. La razón es que el Gobierno central está obligado a tramitar dichos expedientes al haber un acuerdo previo entre la entidad y los representantes laborales.