La fiscalía anticorrupción ha abierto una investigación para arrojar luz sobre la gestión de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por parte de María Dolores Amorós.
Ante la ola de protestas contra las indemnizaciones millonarias a directivos de cajas de ahorros, la fiscalía ha pensado que este es el momento oportuno para abordar el caso de la antigua directora general de la CAM.
La administración de justicia investigará si la pensión vitalicia que Amorós se adjudicó a sí misma constituye motivo de delito. Hay que recordar que el cese de la directiva se saldó con la adjudicación de una pensión de 370.000 euros.
Por lo pronto, la fiscalía está revisando los documentos donde se recoge el despido de Amorós, así como sus contratos laborales y las actas relacionadas con su cese.
Hasta la fecha, los directivos y consejeros de la CAM habían sido objeto de denuncias presentadas en la Audiencia Nacional, la Fiscalía General del Estado y los juzgados de Valencia y Alicante, denuncias que llamaban la atención sobre presuntas irregularidades en la administración de la caja de ahorros levantina.
Entre las sospechas que planean sobre la gestión de Amorós hay que hacer referencia a acciones de contabilidad creativa y de falseamiento de cuentas.