Antonio Jara, el presidente de Caja Granada, declara este miércoles en calidad de imputado ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Granada, por la subida del sueldo de Ramón Martín López, ex director general de la entidad.
Las diligencias se incoaron a raíz de la denuncia que presentó el pasado mes de octubre el portavoz de UPyD en Andalucía, Martín de la Herrán, contra los consejeros, propuestos por PSOE, PP e IU, por la celebración de un Consejo de Administración de Caja Granada que aprobó en febrero de 2011 una subida salarial de un 25 por ciento para el entonces director general de la caja de ahorros, Ramón Martín López, «sin estudios universitarios y designado para el cargo por la única razón de ser militante del PSOE».
Ello, «a pesar de la situación crítica y de gravedad en la que se hallaban las cuentas de la caja de ahorros», una entidad en un proceso de fusión «para superar la crisis y falta de capitalización y que desembocó en un ajuste de personal y solicitudes de ayudas públicas estatales de cantidades muy elevadas».
UPyD recogía en el documento que el presidente del consejo en 2011, Antonio Jara, presentó en una de las reuniones del consejo una propuesta para premiar a Ramón Martín López, basada en incrementar sus retribuciones mediante el pago de una compensación del 25 por ciento de las retribuciones percibidas hasta la fecha, «de forma adicional a su retribución fija anual de 209.898 euros, y con carácter retroactivo».
UPyD considera esta concesión «escandalosa e inexplicable» ya «que se sumó a una modificación del contrato laboral del directivo para consolidarlo, aún en el caso de que dejase de ejercer el puesto para el que había sido contratado».
Dicha propuesta fue, según la formación que preside Rosa Díez, «duramente criticada por algunos de los miembros del Consejo, y votaron en contra cinco de ellos. No obstante, quince consejeros, quienes ostentaban los cargos de gestión más importantes, impusieron «una medida injustificable, perjudicial para la entidad, para el enriquecimiento ilícito de una persona que apenas llevaba algo más de dos años ejerciendo el puesto y con un claro fracaso en su gestión».
«Apenas un año y medio después, Martín López abandonó voluntariamente la caja para dedicarse a negocios privados, para lo que se acogió a las condiciones establecidas en el acuerdo», indican en la denuncia.
De la Herrán señaló entonces en que estos son unos hechos que pueden afectar a los intereses generales de los ciudadanos y «pueden existir pluralidad de personas afectadas, debido a la importante aportación de fondos públicos y a la restitución que supondría para el Estado si se probase la ilicitud de la concesión».
Además, incidió en que este tipo de acciones tienen lugar «tras el reparto de cargos en Caja Granada por parte del PSOE y PP para garantizar sus propios intereses individuales y partidistas y acumular cuotas de poder», lo que se demuestra con el denominado ‘Pacto del Saray’ en el que acordaron nombrar presidente a Antonio Jara (PSOE) y a Luis González (PP) como vicepresidente primero del Consejo de Administración.
Asimismo, según De la Herrán, se dio a Martín López el nombramiento «a pesar de no tener formación universitaria demostrada que le capacite para dirigir o gestionar una entidad de estas características».