Exdirectivos de Caixa Penedés declaran en la Audiencia Nacional

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 Exdirectivos de Caixa Penedés declaran en la Audiencia Nacional

Según informaron fuentes jurídicas, los cuatro exdirectivos de Caixa Penedés imputados por delitos societarios y de apropiación indebida, declararán este jueves día 7 ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

Los imputados en la causa, iniciada a partir de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, son el exdirector general de la entidad Ricard Pagès Font y los exdirectivos Manuel Troyano Molina, Santiago José Abella y Juan Molina.

En relación con las pólizas que podrían haber percibido, el juez instructor impuso a Pagès Font una fianza de 11.609.708,76 euros y otra de 1.893.070,39 a Abella para satisfacer las responsabilidades civiles que podrían derivarse en el caso de que sean condenados.

A los otros dos exdirectivos imputados el juez Pedraz no les impuso ninguna fianza aunque también acordó suspender cautelarmente “cualquier pago” a los querellados derivados de estas pólizas por considerarlas “fraudulentas”.

Según la querella de Anticorrupión, los exdirectivos “actuaron de común acuerdo para vincular fraudulentamente a la caja de ahorros que regían, generando obligaciones económicas para su beneficio particular y en perjuicio de la entidad, actuando de espaldas a los máximos órganos colegiados de la misma”.

Valiéndose de la ayuda del director de Recursos Humanos, Jaume Jorba, recientemente fallecido, y del resto de querellados, Pagès diseñó una estrategia a largo plazo destinada a garantizarse una “desproporcionada ganancia patrimonial a costa de la entidad, pensada para el momento en que pudieran cesar en sus puestos de trabajo”.

Desde 2001, los querellados “se auto-concedieron” derechos económicos a espaldas de los órganos colegiados de la caja a través de pensiones que no estaban contempladas en sus contratos para cuando abandonaran la entidad.

Sumando el plan de pensiones y cuatro pólizas suscritas, Pagès se adjudicó 11.609.708 euros, Abella 5.727.774 euros, Troyano 6.164.999 euros, Jorba 3.311.758 euros y Caellas 4.838.675 euros; en total, 31.652.917 euros.

Según el fiscal, lograron mantener estos pagos “en una convincente penumbra mediante informaciones fragmentarias e incompletas acerca de su verdadera naturaleza y extensión”.

A partir de 2009 la crisis del sector financiero provocó un endurecimiento del marco normativo y un mayor control de las entidades bancarias, especialmente en lo relacionado con las remuneraciones de los altos directivos.

En el caso de Caixa Penedès, a esto se unió que en 2010, en el contexto de reestructuración del sector financiero español, la entidad se fusionó a Caja Granada, Caja Murcia y ‘Sa Nostra’ Caja de Baleares, que dio lugar al Banco Mare Nostrum (BMN), para lo que recibió ayudas por 915 millones de euros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Estas dos circunstancias hicieron temer a los querellados que las pensiones que se habían adjudicado pudieran salir a la luz, y fueran cuestionadas tanto por la entidad como por la opinión pública, “con el consiguiente riesgo de perderlas”.

Por ello, procedieron a realizar “toda una serie de actuaciones irregulares a fin de blindar sus derechos económicos” mediante coberturas formales y jurídicas, logrando obtener esos beneficios una vez dejaron sus cargos en 2011.

En : Cajas

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