Las críticas al decreto de recapitalización de cajas siguen ganando adeptos y haciéndose oír con más fuerza. El ejecutivo de la Xunta de Galicia ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional el real decreto-ley 2/2011, que estipula la reforma de las cajas de ahorros y el endurecimiento de las exigencias de capitalización.
Marta Fernández Currás, consejera de Hacienda de Galicia, señala que el real decreto-ley atenta contra algunas de las competencias autonómicas, a la vez que implica una remodelación drástica del estatuto de las cajas. Por otra parte, los servicios jurídicos del gobierno de la Xunta consideran que las urgencias impuestas por el real decreto-ley no están ni mucho menos justificadas.
Otro de los argumentos manejados por la Xunta hace referencia a la discriminación entre cajas y bancos, un tratamiento injusto que hace de menos a las cajas por razones relativas a su condición jurídica. Se trata de forma igual a personas jurídicamente distintas.
Además, el gobierno de la Xunta afirma que el ejecutivo socialista ha transgredido la interdicción de la arbitrariedad por considerar que la adopción de estas medidas correspondía al FROB.
Por último se indica que el real decreto-ley vulnera la libertad de empesa supuesta a las cajas de ahorros.