Agentes sindicales de las cajas de ahorros, representantes de clientes y asociaciones de consumidores se han puesto de acuerdo en declarar inconstitucional el nuevo plan de solvencia de las cajas de ahorros. Recordemos que el gobierno, durante el pasado mes de marzo, estableció las nuevas exigencias de capital y requisitos de solvencia.
En contra de las medidas adoptadas por el ejecutivo se han pronunciado CCOO, la ONG Acción Social y la Confederación Nacional de Sindicatos Independientes de Cajas de Ahorros, CSICA; que han hecho entrega a María Luisa Cava de Llano, Defensor del Pueblo, de un manifiesto en el que recomiendan recurrir al Tribunal Constitucional las señaladas decisiones gubernamentales.
Los manifestantes consideran que estas exigencias de solvencia discriminan a las cajas de ahorros en relación con las entidades bancarias, pues no se tiene en cuenta los servicios sociales prestados por las cajas; con lo que se persigue, a su entender, la conversión de estas entidades limitadas de crédito en sociedades anónimas completamente privatizadas.
Al mismo tiempo, los manifestantes tachan de gratuitas las exigencias de solvencia en un sector, el de las cajas de ahorros, que se mantiene al margen de los riesgos de insolvencia. Temen que las medidas arbitradas por el gobierno acaben con la acción social desplegada por las cajas de ahorros, que de esa manera sólo tendrían que preocuparse por sus propios intereses económicos.