El Consejo de Ministros sentará, hoy viernes, las bases de la tercera normativa que se aprobará para sanear el sector financiero y que eleva los requisitos de solvencia, contempla segregar los activos tóxicos de las entidades en un banco malo y abre la puerta a liquidar bancos inviables.
El real decreto, que es una exigencia de Bruselas para otorgar hasta 100.000 millones a la banca, da amplios poderes al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para actuar en las entidades que necesiten ayudas o requieran una profunda reestructuración, así como para liquidar las que considere inviables.
En sus tareas para garantizar la solvencia, el FROB podrá requerir el cese o sustitución de los gestores de entidades dentro de los procesos de intervención temprana.
La reforma amplía significativamente el margen de maniobra del Banco de España y del Gobierno ante las entidades financieras débiles para evitar problemas de contagio al conjunto del sistema financiero, y como fórmula para blindarlo contra crisis futuras.
La norma articula el armazón del ‘banco malo’ y eleva las exigencias de capital a las entidades al 9% antes del 1 de enero de 2013, umbral superior al que fijó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que estableció los requisitos de capital en el 8% para las que no requieran ayuda pública y en el 10% para el resto.
Esa sociedad comenzará a funcionar en noviembre, una vez conocidas las valoraciones que aplicará a los activos inmobiliarios que adquiera y la forma de financiarse.
El borrador de real decreto avisa de que los particulares que compraron participaciones preferentes y deuda subordinada a Bankia, Catalunya Caixa, Novagalicia y Banco de Valencia tendrán que aceptar obligatoriamente las nuevas condiciones que imponga el FROB y sólo podrán recurrir a la Audiencia Nacional por las pérdidas.
Por otro lado, el Gobierno también ha decidido limitar por segunda vez la remuneración fija que pueden percibir los responsables de entidades financieras con ayudas públicas, que alcanzará como máximo 500.000 euros, frente a los 600.000 euros establecidos en febrero.
Entre otras novedades, también destaca que las entidades financieras españolas tendrán que elevar antes de 2013 su nivel de solvencia del 8% al 9%, un porcentaje que hasta ahora sólo se exige a los cinco grandes bancos (Banco Santander, BBVA, Banco Popular, La Caixa y BFA-Bankia).
También podrá vender parte o todos los activos de una entidad si se llega a la fase de resolución, incluso sin la autorización de la misma, si cree «razonablemente previsible» que la entidad va a ser inviable «en un futuro próximo» o considera que existen «razones de interés público» que lo justifican.
Antes de llegar a esta fase, el decreto contempla la articulación de ayudas a las entidades con posibilidad de volver a la solvencia, tanto procedentes de fondos europeos como a través de diferentes instrumentos de capital que podrán devolverse en un plazo de hasta siete años.
Asimismo, se traslada desde el Ministerio de Economía al Banco de España la capacidad para imponer a los administradores de entidades sanciones muy graves: multas de hasta 500.000 euros e inhabilitación para ejercer cargos de dirección en la banca por hasta diez años, entre otras.
El Gobierno también limitará a medio millón de euros la retribución fija por todos los conceptos de presidentes ejecutivos, consejeros delegados y directivos de las entidades que hayan recibido respaldo público, sin hallarse mayoritariamente participadas por el FROB.
Por otro lado, y para tratar de evitar un escándalo similar al surgido con las participaciones preferentes, producto de inversión complejo comercializado incorrectamente entre algunos ahorradores minoristas, la norma fija un valor mínimo de 100.000 euros para las emisiones de sociedades no cotizadas, lo que deja fuera a casi todos los inversores particulares.
Para los ahorradores con preferentes de entidades nacionalizadas, el Gobierno ofrecerá un canje, pero a precio de mercado, con lo que éstos tendrán que asumir una quita sobre su inversión inicial, de acuerdo al borrador del decreto.