Banco de España insta a Caixanova a mejorar sus opciones

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Junto con la reclasificación de una parte de los créditos vinculados al sector inmobiliario, con las correspondientes dotaciones que Caixanova pudo cubrir sin problema gracias al colchón genérico contra los impagos, y la especial vigilancia que se reclamó para el conjunto de la exposición al ladrillo por la debilidad de los activos, los requerimientos de mejora que el Banco de España estableció para la antigua caja viguesa con anterioridad al matrimonio con Caixa Galicia llegaron también hasta el Consejo de Administración.

Su “cometido supervisor” no estaba siendo “lo suficientemente adecuado”, según los inspectores, principalmente porque los miembros del principal órgano de decisión “carecían de una apropiada información de gestión respecto a la cartera de riesgos inmobiliarios”. De ahí que se les pidiera mayor implicación y dinamismo, como refleja el informe refrendado por el director general de Supervisión del organismo, que, a diferencia del correspondiente a la entidad coruñesa, no refleja en ningún momento que el futuro de Caixanova estuviera cuestionado.

Pero era mejorable. Empezando por el Consejo, al que se achacó a mediados de 2009 “un insuficiente seguimiento del resultado de las políticas establecidas para la concesión de operaciones”, precisamente por la falta de todos los detalles necesarios, “y, caso de ser necesario, la modificación de las mismas con la suficiente agilidad y anticipación”. Tanto por esa ausencia de flexibilidad en los sistemas de información, como por la “insuficiente coordinación” entre los departamentos de intervención en informática, el informe del Banco de España al que ha tenido acceso FARO, resalta la imposibilidad de verificar “completamente” los procesos informáticos de conciliación contable del área crediticia –es decir, la diferencia entre el saldo de un préstamo y la cuenta respectiva de acuerdo con los libros del cliente en cuestión–, y de obtener una “segmentación adecuada” de la cartera de préstamos.

Aunque la inspección admite que el repaso no incluyó una auditoría de los sistemas informáticos, los trabajos que se realizaron eran “indicativos” de que eran “mejorables” en la contabilización y tratamiento de las operaciones de préstamo. El informe nombra, concretamente, la conciliación y cuadre con los estados financieros declarados al propio Banco de España; la integración en los procesos de morosidad y Central de Información de Riegos del supervisor de aplicativo de créditos y préstamos sindicados, los relativos a las grandes empresas; suspensión del devengo de intereses en los apoyos a filiales con las que se gestionaban los activos adjudicados como pago de deuda, como podrían ser las inmobiliarias del grupo; y “otras de menor entidad” que también se comentaran con la dirección en el transcurso del análisis.

“Es preciso que los órganos de gestión y control modifiquen sus pautas de funcionamiento –recuerda el departamento de Supervisión–, de tal manera que asuman un papel más activo en la definición y seguimiento y aplicación de las políticas de riesgo crediticio, contando con la información de gestión y control precisa”. La recomendación iba para el Consejo de Administración, pero también para su Comisión Delegada, como detalla el informe, que apela a aportar a los dos “información completa, agregable e individualizada”.

¿Qué significaba eso? Pues desde el tipo de suelo que se estaba financiando y su grado de desarrollo, a la localización geográfica, número de viviendas y demás inmuebles que estaban terminados, en construcción o se preveían desarrollar, con estimaciones de plazos para los que todavía seguían en obra, ventas, calendario “previstos y realistas”, los proyectos que pudieran estar “ralentizados o parados”, valores e informes de tasación actuales, “y de si existen, o no, condicionantes y advertencias”.

Toda una serie de particularidades que luego se deberían tener en cuenta, según el Banco de España, para efectuar “estudios periódicos” sobre la cartera inmobiliaria, “preferiblemente trimestrales” y con un escenario base y otro estresado para medir la exposición al riesgo del ladrillo y su posible evolución. Los inspectores subrayaban la importancia de diferenciar las zonas de ubicación, el tipo de inmueble, precios y si la demanda podría satisfacer la oferta. “Las anteriores hipótesis han de ser conocidas y aprobadas por la alta administración y dirección –apunta–, y utilizadas en los procesos de admisión, seguimiento, renegociación de riesgos, adjudicaciones y daciones de activos en pagos de deudas, así como en la clasificación y cobertura de los riesgos”.

De todos los requerimientos que el Banco de España lanzó, solo a éste se le reclama una “pronta y definitiva solución” para que así en todo momento “se puedan verificar con prontitud las cifras de riesgos”. Caixanova tuvo que presentar un plan de actuación en un plazo de tres meses, aprobado por su Consejo, para corregir “las deficiencias señaladas” y lograr su “efectiva aplicación”.

La reforma organizativa que Caixanova puso en marcha a comienzos de 2009 apartó la función de análisis de riesgos –admisión, seguimiento y control– de la División Comercial para pasar bajo la tutela del área de Planificación Financiera y Control. “Aunque se ha producido un avance en la estructura organizativa de la caja, la dependencia de las funciones de admisión y seguimiento de riesgos bajo una misma área –sostiene el Banco de España– no se considera que sea la práctica más adecuada para propiciar la adecuada segregación de funciones que evite el conflicto de intereses, salvo que esta estructura sea coyuntural y esté diseñada a fin de establecer temporalmente filtros más conservadores para la admisión de nuevas operaciones en el actual entorno económico”.

El Banco de España requirió también que los criterios en materia de adjudicaciones y daciones en pago, calificación y cobertura de los riesgos de crédito dudosos subjetivos y substándar, pruebas de deterioro de la renta variable, cotizada y no cotizada, y operaciones crediticias reestructuradas, figuraran por escrito en la documentación para el funcionamiento de “algunos comités”. Especialmente en el caso del de Activos y Pasivos (COAP), donde no se recogían en acta toda las decisiones adoptadas. El supervisor recordó que ese órgano llevaba cuatro meses sin formalizar las actas.

En : Bancos

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